El diálogo se reanuda en Honduras con la advertencia de EE.UU. de que se acaba el tiempo

Tegucigalpa.-  Las comisiones del presidente depuesto, Manuel Zelaya, y del gobernante de facto, Roberto Micheletti, retomaron hoy las conversaciones tras casi una semana de interrupción, con la advertencia de Estados Unidos de que "se está acabando el tiempo" para encontrar una solución a la crisis.

Los representantes de ambas partes se reunieron para abordar oficialmente una propuesta del mandatario de facto en la que acepta que el Parlamento resuelva si se reinstala o no a Zelaya en el poder, tal y como pretendía el jefe de Estado depuesto.

Estas conversaciones contaron con el acompañamiento de un enviado de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de una misión estadounidense encabezada por el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon.

"Ya se está acabando el tiempo, solo tenemos un mes antes de las elecciones del 29 de noviembre; entonces, desde el punto de vista de EE.UU. y de la comunidad internacional, necesitamos un acuerdo lo más rápido posible", expresó Shannon en una rueda de prensa tras sentar a las dos partes en una nueva negociación.

El Congreso Nacional destituyó a Zelaya el 28 de junio pasado, luego de ser expulsado a Costa Rica por los militares, y designó como gobernante a Micheletti, entonces titular del Legislativo.

"Hemos aceptado que vayamos al Congreso, hemos aceptado que esta pretensión es un derecho que tiene el peticionario, en este caso don José Manuel Zelaya Rosales, en su pretensión de retornar a la presidencia de la República", dijo a los periodistas antes del encuentro la portavoz de la comisión de Micheletti, Vilma Morales.

Por su parte, la primera vicepresidenta del Parlamento, Mary Flores, del gobernante Partido Liberal, declaró que "el Congreso estaría con toda la voluntad de acatar lo que decida el diálogo".

Micheletti proponía la semana pasada que fuese la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la que decidiera sobre la reinstalación de Zelaya, algo a lo que éste se ha negado.

Otro miembro de la comisión de Micheletti, Arturo Corrales, consideró que con la aceptación de que el Parlamento decida "sólo falta suscribir" el acuerdo.

Según el régimen de facto, los militares actuaron contra Zelaya por un mandato de la CSJ a raíz de un proceso incoado en su contra por el Ministerio Público por promover una Asamblea Constituyente mediante una consulta popular que iba a celebrar el 28 de junio y había sido declarada ilegal por varios órganos del Estado.

Un negociador de Zelaya, Rodil Rivera, reafirmó a medios locales, antes de conocer oficialmente la propuesta de Micheletti, que "el Congreso Nacional (...) es la única institución del Estado, el único poder del Estado que tiene competencia para restituir al presidente Zelaya".

"No es la CSJ ni ningún otro (órgano) porque fue precisamente (el Congreso) el que destituyó al presidente Zelaya", recordó.

Por su parte, Shannon aseguró tener "mucha esperanza" en que el diálogo desemboque en una solución al conflicto y consideró que los términos son aceptables para ambas partes.

"La solución está en la mesa. El acuerdo está hecho. (...) No es cuestión de redacción, no es cuestión de propuestas, es cuestión de voluntad política", sostuvo.

Shannon anunció que la misión que encabeza aplazó hasta mañana su regreso a Washington para acompañar el proceso en Honduras, a donde llegó este miércoles.

El diplomático aseguró que ni Estados Unidos ni la comunidad internacional "están intentando imponer nada" al país centroamericano e insistió en que la "crisis hondureña requiere una solución hondureña".

Mientras las dos delegaciones estaban reunidas en un hotel de Tegucigalpa, la policía dispersó por la fuerza en dos ocasiones, de ese lugar y de otro sector, a centenares de manifestantes del movimiento popular que exige la restitución de Zelaya, cuyos dirigentes aseguraron que hubo "varios detenidos".

Por otro lado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Honduras pasaron hoy a disposición del Tribunal Supremo Electoral para dar seguridad a los comicios del 29 de noviembre y custodiar el material electoral.