La trama destapada por Garzón dispara las peticiones para revisar adjudicaciones

Barcelona.-  La trama de supuesta corrupción urbanística destapada en Cataluña por el juez Baltasar Garzón, que mañana tomará declaración a los nueve detenidos, ha originado en Cataluña un reguero de peticiones para que se revisen adjudicaciones de obras y recalificaciones en varios municipios catalanes.

Por esta trama han sido detenidas nueve personas, entre ellos el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, y los ex altos cargos de Jordi Pujol (CiU), Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, que hoy han sido trasladados en dos furgonetas desde Sant Andreu de la Barca (Barcelona), donde han dormido dos noches, hasta Madrid, donde mañana declararán ante Garzón.

En l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en Lleida y en Badalona (Barcelona), entre otras poblaciones, partidos políticos de la oposición y plataformas ciudadanas han aprovechado hoy el revuelo originado por la operación "Pretoria" para pedir que se revisen determinadas adjudicaciones y recalificaciones, especialmente las que guardan relación con las empresas implicadas en la trama.

Precisamente, en Badalona el consistorio ha admitido hoy que la empresa Proinosa, cuyo presidente, Josep Singla, es uno de los detenidos en la operación, tiene adjudicada la cuarta obra con mayor presupuesto de este año en Badalona, en concreto 2,4 millones de euros.

En l'Hospitalet de Llobregat, el grupo del PP ha pedido que se revisen las adjudicaciones a las empresas Proinosa y Espais, -su presidente, Lluis Casamitjana, también esta detenido-, mientras que en Lleida CiU ha pedido que se revisen las adjudicaciones del consistorio en los años 90 a la empresa Agrotecsa, dirigida entonces por Luis García, ex diputado del PSC y presunto "cerebro" de la trama.

En el epicentro de la trama, la población de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), el proyecto urbanístico Cubics, que concentra las sospechas en la trama de corrupción destapada ahora, ya fue objeto desde su inicio de agrias disputas en el consistorio, e incluso llegó a dinamitar en 2007 la coalición del PSC con ICV y CiU.

Los investigadores siguen la pista de este proyecto para descubrir si fue utilizado por la trama para blanquear dinero procedente de cuentas en el extranjero y si el ayuntamiento colaboró en ello.

En el ámbito político, la polémica relacionada con este caso se ha centrado en el informe sobre el ayuntamiento de Santa Coloma de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, que ningún grupo del Parlament quiso analizar a fondo en 2007, pese a que detectó irregularidades en la gestión en 2003 del equipo de Bartomeu Muñoz.

El Parlament, en un comunicado, se ha escudado hoy en que es competencia de los ayuntamientos, y no de la Cámara catalana, adoptar medidas respecto a los informes sobre entes locales y que la Sindicatura debe comunicar al Tribunal de Cuentas los casos de supuesta responsabilidad contable.

La Sindicatura de Cuentas ha salido al paso y ha asegurado que efectivamente envió su informe al Tribunal de Cuentas, en mayo de 2008, y que este órgano fiscalizador acordó en septiembre de 2008 abrir diligencias sobre las irregularidades detectadas, ante la posibilidad de que los hechos denunciados pudiesen ser "generadores de supuestas responsabilidades contables".

Posteriormente, el Tribunal de Cuentas decidió en noviembre delegar la instrucción en la Sindicatura de Cuentas, que finalmente en diciembre pasado nombró a un delegado instructor para que profundizara en la investigación de las irregularidades detectadas.

También ha terciado en esta polémica el líder de ERC, Joan Puigcercós, que ha pedido "autocrítica" a los partidos catalanes, que cree que a partir de ahora deberán examinar con mucho más detalle y atender las recomendaciones de los informes de la Sindicatura para prevenir nuevos casos de corrupción.

Por su parte, el ex presidente del Gobierno José María Aznar ha defendido hoy en Barcelona "reformas penales para erradicar la corrupción en el ámbito político" y que haya dimisiones porque, si no se opta por este camino, ha dicho, "los dirigentes políticos no podrán salir a las calles".