UGT dice que la innovación en penas menores evitaría la masificación de las cárceles

León.-  UGT ha reclamado hoy una apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías en las prisiones españolas a través de la aplicación de los brazaletes electrónicos a un veinte por ciento de los reclusos, aquellos con penas menores, para evitar la masificación de las cárceles.

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(EFE)

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros (d), felicita al alcalde de León, Francisco Fernández, en presencia de la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, al enterarse de que lleva la concejalía de Nuevas Tecnologías, tras la inauguración de la tercera edición del Encuentro Nacional de la Industria de Seguridad en España.

UGT ha presentado hoy en León, en el transcurso del taller "Seguridad Tecnológica: la innovación en las prisiones del siglo XXI" enmarcado en el III Encuentro Nacional de la Industria de la Seguridad España, esta alternativa que ya se aplica a un tres por ciento de los reclusos en España.

En la actualidad, un total 2.000 brazaletes electrónicos se encuentran activos en España, de una población reclusa de 65.900, sin contar con Cataluña.

Según han explicado en declaraciones a los medios de comunicación el responsable de la sector provincial de Administración General del Estado de FSP-UGT en León, Ovidio Martínez, y el delegado de UGT en la prisión de Mansilla de la Mulas, Juan Luis Cueto, en los centros penitenciarios tienen que lidiar en la actualidad con un afluencia masiva de población reclusa extranjera y la forma de combatir el incremento de presos sería el control mediante la tecnología de aquellos con penas menores.

Las nuevas tecnologías podrían así permitir que haya un veinte por ciento de la población reclusa que no tenga necesidad de cumplir penas de escasa cuantía en centros penitenciarios a base de brazaletes electrónicos, ha especificado Martínez.

De esta forma, "se acabaría con un procedimiento de almacenamiento de presos que ya es obsoleto y que crea una carga económica", ya que cada preso supone un costo de 18.000 euros al año, ya que son precisamente los presos con penas de escasa gravedad "los que colapsan las cárceles", ha apuntado Cueto.

Este veinte por ciento beneficiario de esta tecnología se correspondería con presos con penas de escasa cuantía, como seguridad vial, o aquellos condenados a trabajos en beneficio de la comunidad, "que está resultando un fracaso", ha proseguido.

Este sistema permite que el individuo cumpla la pena en su domicilio o un lugar donde estuviera localizado y no tendrá que ir a un centro penitenciario, sin tener que ser apartado de la sociedad, pudiendo vivir con su familia y acudir a su puesto de trabajo.

El reclamo de generalización del sistema constituye un "reto" para el sistema, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, presente en León con motivo del III Encuentro Nacional de la Industria de la Seguridad España.

Así, el fin es que en determinados casos de privación de libertad en los que no es necesario producir un desarraigo total de la persona de su núcleo familiar y sus circunstancias lo permiten, como autor de delitos que no suponen un riesgo, los reclusos pueden cumplir las penas en el domicilio con sistemas de control a distancia.