La cabecilla de red contactaba con una gitana para conseguir novios de conveniencia

Madrid.-  La mujer colombiana que lideraba la red internacional de matrimonios de conveniencia desarticulada recientemente por la Policía tenía como contacto a una mujer gitana que buscaba a personas de esta etnia de ambientes marginales que estuvieran dispuestos a casarse por 3.000 euros.

Según han detallado en conferencia de prensa los responsables de la operación "Escarlata", en la que han sido arrestadas 34 personas, por concertar un centenar de casamientos Esliana García Vargas, conocida como "Claudia", proponía casarse por conveniencia a ciudadanos colombianos que querían obtener la nacionalidad española.

Los colombianos interesados tenían que pagar entre 10.000 y 12.000 euros, por lo que Claudia podría haber ganado un millón de euros gracias a esta actividad, ya que según la Policía podría haber mediado en al menos 56 matrimonios civiles celebrados en el Juzgado de Paz de Torrelodones, y otros 22 enlaces canónicos supuestamente oficiados en doce parroquias madrileñas.

Para conseguir al novio o novia españoles, Claudia se ponía en contacto con una mujer de etnia gitana conocida como Lola, que ofrecía a personas de ambientes marginales, normalmente gitanos que vivían en poblados, cobrar 3.000 euros por casarse, con la garantía de que se divorciarían una vez que "su pareja" consiguiese los papeles.

Este "negocio" comenzó a peligrar cuando la Policía Municipal de Madrid, en el transcurso de una de sus investigaciones, descubrió que había ciudadanos colombianos que supuestamente vivían en determinados lugares de Madrid pero que, al comprobar este dato, no era así, por lo que se puso en contacto con la Policía Nacional.

Por su parte, la Policía Nacional inició una investigación en marzo de 2008 al constatar que se había registrado un alto número de personas colombianas que habían conseguido rápidamente la tarjeta de residencia, y el nexo entre ellos era Claudia, una vieja conocida de los agentes.

Además, dos personas denunciaron que no habían recibido el dinero que les habían prometido por participar en un matrimonio de conveniencia, y el Registro Civil de Madrid expresó sus dudas sobre unos certificados eclesiásticos expedidos en doce parroquias, cuyos responsables certificaron finalmente que los mismos eran falsos porque en sus iglesias no habían tenido lugar esas bodas.

Sólo hubo una excepción: la del párroco de la iglesia de San Cristóbal de Madrid, que constató que en esta iglesia se había celebrado un matrimonio que él no había oficiado, pero en el certificado aparecía su nombre, por lo que concluyó que su segundo había utilizado su firma para llevar a cabo esa boda.

Este segundo párroco, de origen colombiano y con antecedentes por un delito contra la salud pública, fue detenido acusado de falsificación, pero no se ha podido demostrar que estuviese al tanto de que celebró una boda por conveniencia, según ha detallado el jefe del Grupo I de la Brigada Central de Redes de Inmigración, Pedro Bernardo.

Este no es el único de los detenidos que cuenta con antecedentes, ya que el 50% de las personas que se casaron a través de esta red tienen antecedentes policiales o judiciales, la mayoría por robo, robo con fuerza o intimidación, tráfico de drogas o estafa.

Los responsables policiales han detallado que algunos de los colombianos que habían obtenido el permiso de residencia casándose por conveniencia estaban relacionados con el narcotráfico, aunque "se trata de una pequeña ramificación, un fleco" de la operación.

La operación, que continúa abierta, se ha saldado con 34 arrestos: cuatro son los considerados cabecillas, todos colombianos con nacionalidad española, y el resto son las personas que se habían casado por dinero o que habían ejercido de testigos en este tipo de bodas.

A los arrestados se les imputan delitos de asociación ilícita, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, estafa, falsedad documental e infracción a la Ley de Extranjería.

Únicamente tres de los arrestados han ingresado en prisión preventiva: Claudia y sus dos colaboradores más cercanos, ambos colombianos.

La Policía ha incidido en que ha solicitado al Registro Civil que anule los matrimonios falsos, y un vez cumplido este trámite se retirará la tarjeta de residencia a los implicados.