Los funcionarios advierten de que la reforma judicial llevará al colapso del sistema

Santa Cruz de Tenerife.-  Funcionarios de la Administración de Justicia se concentraron hoy en Santa Cruz de Tenerife para denunciar que la reforma judicial pactada por los gobiernos central y autonómicos puede llevar al colapso del sistema y pretende desviar la atención de su mala gestión.

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(EFE)

Los sindicatos Comisiones de Base (Cobas) y Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) convocaron hoy una concentración de funcionarios de justicia contra las implicaciones laborales de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ante el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña.

La protesta se realizó ante la sede del Palacio de Justicia de la capital tinerfeña y fue convocada por los sindicatos Comisiones de Base (Cobas) y Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que repartieron folletos explicativos de las implicaciones laborales de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Mario Sicilia, presidente del Sector de Justicia del CSIF en Santa Cruz de Tenerife, dijo a Efe que esta concentración, que es previa a una reunión prevista para mañana en Madrid con el ministro del área, Francisco Caamaño, es un acto para reclamar "voz y voto en la reforma judicial".

Sicilia detalló que en la reunión de mañana los sindicatos pedirán al ministro que rectifique la reforma de la ley orgánica del poder judicial, que ha sido aprobada "sin modificar ni una coma" e ignorando "por completo" las demandas de los trabajadores del sector.

En concreto, los funcionarios exigían revisar la modificación del artículo 521 de la citada ley, en el que se establece la creación de la nueva oficina judicial.

Mario Sicilia señaló que para estudiar esta reforma el Ministerio ha convocado a jueces y secretarios y ha oído a los consejos generales de la Abogacía y del Poder Judicial pero no a los funcionarios de la Administración judicial, que son la mayor parte de los gestores.

Apuntó el dirigente sindical que el artículo 521 de la ley establecía la creación de una unidad procesal de apoyo directo al juez por parte de cada juzgado y de cada sección de una Audiencia Provincial, y ahora el Ministerio, en la reforma aprobada por las Cortes, pretende convertir esta figura "en una unidad municipal".

Esto significa, según Mario Sicilia, que se introducirá la movilidad entre órganos y que un funcionario que ha desempeñado su labor en el orden civil podría ser asignado para lo contencioso o lo penal, lo que además implica su "reciclaje".

"Esto va a ser un colapso muy grande", advirtió Sicilia.

Al respecto, los sindicatos convocantes de la protesta apuntan en un folleto que con la reforma se introducen en la Justicia cargos de libre designación, un sistema basado en el favoritismo y la arbitrariedad, "un coladero para arrimados al político de turno y un caldo de cultivo para la manipulación".

"Esta agresión a la independencia del poder judicial resulta tan grave que ha provocado la primera huelga de jueces" en España, recuerdan.

Señalan también que la mejor garantía para la independencia y la imparcialidad de la justicia radica hasta ahora en el hecho de que la plantilla judicial, desde el juez hasta el personal de auxilio, está formada por técnicos cualificados seleccionados en pruebas de aptitud "rigurosas", con convocatorias "públicas y transparentes en las que no cabe manipulación alguna".

En cuanto a la situación de la justicia en Canarias, el representante del CSIF dijo que los funcionarios quieren evitar la congelación salarial y criticó al Gobierno regional porque a su juicio no está reforzando la plantilla judicial, pese a que el Ministerio ha anunciado la creación de 900 plazas de jueces sin que se aumente el número de funcionarios.

Si a esta situación se añade la sobrecarga de trabajo existente, afirmó Mario Sicilia, el resultado es que los juzgados se verán "desbordados y colapsados" y no podrán dar la respuesta "debida" al ciudadano.

Apuntó que en la mesa sectorial de justicia los sindicatos han pedido una reunión con el consejero canario de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, para que firme el acuerdo definitivo para la mejora de la administración judicial.

Esto sería el paso siguiente a la firma del preacuerdo en este asunto, que se firmó el 18 de diciembre de 2008 y los sindicatos esperan que, casi un año después, sea convertido en definitivo con la firma de Ruano.

La disposición de los sindicatos "es plena" pero la respuesta del consejero José Miguel Ruano está siendo "bastante tardía", afirmó Mario Sicilia, quien reiteró su impresión de que no hay refuerzos en los juzgados, la dotación presupuestaria es insuficiente "y estamos bajos de personal como para dar una respuesta inmediata al ciudadano".