La Generalitat de Cataluña financió a una asociación que denuncia a España por torturas a etarras

MADRID.-  Una asociación, que ha contado con financiación de la Generalitat de Cataluña y colabora con ella, ha presentado en la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas en Ginebra, un informe pagado por el Gobierno vasco, cuando éste estaba presidido por Juan José Ibarretxe, en el que denuncia que en España se producen torturas en las detenciones de los miembros de la banda terrorista ETA.

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CRÉDITO ESPAI D'IMATGE TURISME DE BARCELONA (EUROPA PRESS)

Una asociación, que ha contado con financiación de la Generalitat de Cataluña y colabora con ella, ha presentado en la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas en Ginebra, un informe pagado por el Gobierno vasco, cuando éste estaba presidido por Juan José Ibarretxe, en el que denuncia que en España se producen torturas en las detenciones de los miembros de la banda terrorista ETA.

Con motivo de la celebración de la 43 edición del Comité contra la Tortura en Naciones Unidas, que tendrá lugar entre el 2 y el 20 de noviembre, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) ha presentado un informe, que fue encargado por Joseba Azkárraga cuando era consejero de Justicia del Gobierno vasco en la anterior legislatura, en el que se concluye que la "tortura es un serio problema en España en relación a los detenidos incomunicados" y se refiere en concreto a los detenidos acusados de formar parte de ETA.

Se da la circunstancia de que la asociación que ha presentado el informe en la Comisión contra la Tortura, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos colabora con la Generalitat de Cataluña, tal y como aparece reflejado en su página web, donde figuran como colaboradores el Departamento de Interior a través de la Oficina de Promoción de la Paz y los Derechos Humanos y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

80.000 EUROS DE LA AGENCIA CATALANA DE COOPERACION

Además, esta asociación ha contado con financiación de la Generalitat. Según publicaba en mayo de 2007 el DOGC (el BOE catalán), la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo le concedió en 2006 una subvención de 80.000 euros, con la finalidad de crear un "marco de colaboración para fomentar el proceso de codificación jurídica de Derecho Humano a la Paz, enfocado en el proceso de codificación de la ONU; de crear una institución física o virtual pero estable referida al derecho humano a la paz".

El presidente de la AEDIDH ha remitido una carta a la Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas en la que afirma que la asociación que preside "suscribe plenamente los términos" del dictamen encargado por el Gobierno vasco sobre la tortura, "así como sus conclusiones y recomendaciones". Además, pide que este informe sea tenido en cuenta en el examen del quinto informe periódico sobre España, que tendrá lugar del 2 al 20 de noviembre en la Comisión contra la Tortura en Ginebra.

El citado trabajo, desarrollado por cinco médicos y dirigido por el profesor de Medicinal Legal de la UPV, Benito Morentín, se titula: "Documentación de la tortura en detenidos incomunicados en el País Vasco desde el 2000 al 2008: abordaje científico". Fue encargado y pagado por la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco.

En el informe se carga contra la "incomunicación de los detenidos" --precisamente una de las batallas que plantean todas las asociaciones vinculadas a ETA en Naciones Unidas--, alegando que este es el momento en el que se produce el mayor número de casos de malos tratos; afirma que de los 1.231 detenidos en relación con ETA entre 2000 y 2008, 957 fueron incomunicados. De ellos 634 alegaron malos tratos o tortura y 634 personas interpusieron denuncia judicial.

Además, entre sus 88 páginas, se desgranan numerosos datos de denuncias para concluir que, de los 289 testimonios recogidos, los métodos más frecuentes son: golpes, posición anómala o forzada, plantón, exposición a ruido, asfixia por bolsa y extenuación física, entre otras. Los autores del texto señalan a la Guardia Civil como la que tiene más incidencias de este tipo y exculpan a la Ertzaintza, diciendo que no existen denuncias contra este cuerpo. Lo justifican por la actitud "más firme" del Gobierno vasco de entonces contra la práctica de torturas.

Admiten que no han hecho un análisis del procedimiento y de la situación de cada denuncia que se ha presentado al respecto, pero creen que ninguna ha finalizado en una condena judicial. Sin embargo, encuentran justificación para que no haya condenas al alegar que se dilatan las investigaciones judiciales sobre torturas, que hay ausencia de una investigación rigurosa o que no son atendidos por un médico de confianza.

La Comisión contra la Tortura de Naciones Unidas ha colgado ya el citado dictamen en su página web, donde además, se pueden consultar informes que han remitido otras asociaciones vinculadas al mundo de ETA y Batasuna, y que contienen conclusiones muy similares. Este es el procedimiento --colgar en la web los informes enviados-- que sigue Naciones Unidas antes de cada sesión, en la que las organizaciones participantes acuden, posteriormente, a defender los textos que han remitido.

EL GOBIERNO DE PATXI LOPEZ RECHAZA EL INFORME

Sin embargo, el Gobierno vasco actual "rechaza" el citado informe y afirma que "no responde ni a la filosofía, ni a las intenciones que guían su actuación en materia de defensa y promoción de los derechos humanos". De hecho, el Ejecutivo socialista tuvo conocimiento de la existencia de este informe porque apareció en el Parlamento vasco, donde fue remitido por Joseba Azkárraga unos días antes de dejar el Gobierno vasco.

El problema es que el documento que aparece en la Comisión contra la Tortura, en Ginebra, no lleva ni fecha, ni deja claro que fue encargado por el Ejecutivo de Ibarretxe, por lo que puede conducir a la confusión de las personas que lo lean, que pueden pensar que el Gobierno vasco actual denuncia torturas en las detenciones, cuando esto no es así y el Gobierno de Patxi López ni encargó el trabajo, ni lo comparte, según las fuentes consultadas por Europa Press.

QUEJA POR "DETENCION ARBITRARIA" DE CARMELO LANDA

Dos integrantes de esta asociación, la AEDIDH, el presidente Carlos Villán y el secretario general de la misma, Carmelo Faleh, también presentaron el pasado mes de mayo una queja ante la Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria --en la la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos--, por la detención de Karmelo Landa, por considerarla "arbitraria".

Carmelo Landa fue detenido el 11 de febrero pasado en Bilbao, acusado de formar parte de la nueva cúpula de la ilegalizada Batasuna. El juez imputó a los detenidos en esa operación los delitos de colaboración con organización terrorista y asociación ilícita

En la queja, los miembros de la AEDIDH consideran que Karmelo Landa es un "preso de opinión, injustamente detenido y procesado por defender sus ideas políticas sobre el conflicto político vasco" y, entre otras cuestiones, solicitan que se revise la Ley de Partidos Políticos que permitió la ilegalización de Batasuna para que Landa pueda ejercer sus actividades políticas "de manera libre y pacífica".

Una queja en este mismo sentido también fue formulada por Behatokia --donde están también los colectivos presos de ETA Etxerat y Gurasoak-- y esta misma semana ha sido tomada en consideración por el Grupo de Trabajo para Detenciones Arbitrarias.