Lima.- La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió hoy en Lima que termine la persecución penal contra los líderes indígenas peruanos involucrados en los incidentes del pasado junio para "restablecer la confianza" entre éstos y las autoridades.
El documento de la FIDH fue presentado por su vicepresidenta, Soraya Gutiérrez (en la imagen), quien subrayó las "responsabilidades políticas" del Gobierno, por haber montado "un operativo policial mal planeado y mal ejecutado". EFE/Archivo
La FIDH presentó hoy en una rueda de prensa en la capital peruana un informe sobre los sucesos del 5 de junio en Bagua (norte del país), en el que murieron 33 personas (23 de ellas policías), más un oficial policial desaparecido, en enfrentamientos entre agentes e indígenas como consecuencia del desalojo de un bloqueo carretero.
En su informe, la ONG, que envió a una misión a Bagua y Lima para hacer su propia investigación, ha descartado, "por no poder recabar ningún testimonio fidedigno", que haya más personas desaparecidas, como se denunció en un primer momento.
No obstante, añade que "el clima de miedo" generado en la región hace posible que la gente no quiera presentar ese tipo de denuncias.
El documento de la FIDH fue presentado en Lima por su vicepresidenta, la colombiana Soraya Gutiérrez, y por Miguel Jugo, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (Aprodeh), quienes subrayaron las "responsabilidades políticas" del Gobierno en aquellos hechos, por haber montado "un operativo policial mal planeado y mal ejecutado".
Respecto a la principal organización indígena amazónica, la Asociación Inerétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la FIDH consideró un error el hecho de "criminalizarla" en alusión a los 89 procesos judiciales abiertos contra sus líderes y miembros por los sucesos de Bagua.
Miguel Jugo destacó que las muertes de los policías deben ser castigadas, "pero las responsabilidades penales son individuales", mientras que en el caso de las muertes de los indígenas vio una "responsabilidad política" del Ejecutivo peruano.
Según Gutiérrez, el Gobierno tiene la obligación de "ofrecer a las víctimas reparaciones por acción u omisión antes incluso de que se complete el proceso judicial" como medida de confianza, y debe dar además "un carácter vinculante" a las actuales mesas de diálogo abiertas entre funcionarios, indios y otros miembros de la sociedad civil.
Los sucesos de Bagua dejaron, además de los 33 muertos y un desaparecido, 200 heridos y condujeron a la retirada por parte del Ejecutivo de una serie de decretos legislativos que los indígenas consideraban lesivos para sus intereses y que habían motivado todas las protestas en la zona, las más sangrientas de los últimos años.
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