Asunción.- El ministro de Justicia y Trabajo de Paraguay, Humberto Blasco, rechazó hoy que el presidente Fernando Lugo tenga intención de renunciar debido a las críticas que recibe por el secuestro de un conocido ganadero y las denuncias de presunta corrupción en la compra de tierra por el Estado.
El ministro de Justicia y Trabajo de Paraguay, Humberto Blasco, declaró que Fernando Lugo "ni está implicado en actos de corrupción ni está con intenciones de renunciar". EFE/Archivo
Lugo, que lleva catorce meses en el poder y cuyo mandato fenece en agosto de 2013, "ni está implicado en actos de corrupción ni está con intenciones de renunciar", afirmó Blasco en rueda de prensa tras la reunión de hoy del Consejo de Ministros.
El ministro señaló que en la reunión de gabinete presidida por el gobernante se analizó el caso del ganadero Fidel Zavala, secuestrado hace una semana en el noreste del país por un grupo armado y las denuncias de irregulares en el proceso de compra de una finca de más de 21.000 hectáreas a un terrateniente brasileño para destinarla a la Reforma Agraria.
"En ningún momento se manifestó, ni se insinuó siquiera la intención del presidente de alejarse del poder. Al contrario, coincidimos en que era el momento de cerrar filas (...) para afrontar todos juntos esta crisis, sobre todo esta crisis de seguridad que afecta a la familia Zavala", señaló Blasco.
Zavala, de 45 años y miembro de una conocida familia dedicada a la ganadería en el norteño departamento (provincia) de Concepción, fue llevado de su hacienda, presuntamente por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo de izquierda al que también se atribuye el secuestro hace un año de Luis Lindstron, otro importante ganadero de la región.
En el caso de Zavala, el Gobierno mantiene total hermetismo y ha reiterado que la Policía se mantendrá al margen a petición de la familia del rehén, por quien exigen un rescate de cinco millones de dólares, según fuentes de la investigación.
Los rumores de la posible renuncia de Lugo tomaron fuerza en la prensa a partir de unas declaraciones del general retirado Lino Oviedo, líder de la segunda fuerza opositora del país, que exigió su alejamiento "por omisión u obsecuencia", en alusión a la presunta afinidad ideológica del jefe de Estado con el EPP.
El EPP es un grupo surgido escindido del izquierdista Partido Patria Libre (PPL), que pregona la lucha armada y que opera en áreas de difícil acceso del departamento de Concepción y del vecino San Pedro, donde Lugo fue obispo durante más de una década antes de lanzarse a la política.
En esa región, al EPP se le han atribuido ataques y robos de armas a puestos policiales y militares, así como la quema de tractores de grandes productores de soja, y dos de sus miembros cumplen condenas de cárcel por otro sonado caso de secuestro ocurrido en 2001.
Según las autoridades, los integrantes de este grupo han recibido asesoramiento y entrenamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para cometer los hechos delictivos.
Por otro lado, el ministro Blasco reconoció que Lugo admitió hoy que ha obrado erróneamente al firmar, hace un año, un compromiso de compra de más de 21.000 hectáreas que el empresario brasileño Ulises Rodríguez Teixeira posee en San Pedro, el centro de los movimientos campesinos que exigen la reforma agraria radical.
El proceso de compra, evaluado en 31 millones de dólares y que fue paralizado por orden del jefe de Estado, ha desencadenado fuertes críticas por parte de la prensa y de la oposición, principalmente contra el secretario General de la Presidencia (jefe del gabinete), Miguel López Perito, por la presunta sobrevaloración de la finca que el brasileño compró hace dos años por 11,1 millones de dólares.
"Al inicio de un proyecto (político) muchas veces queremos realzar el cumplimiento de una promesa electoral con la firma del presidente de la República en actos protocolares y en este caso se demostró que no debemos exponerlo", dijo Blasco sobre la carta de compromiso y concluyó: "ha sido mal asesorado".
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