Un escándalo de espionaje salpica al Gobierno de la capital argentina

Buenos Aires.-  El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, se desmarcó hoy de las acusaciones de espionaje que salpican a su Gobierno, a pocas semanas de que se ponga en funcionamiento un nuevo cuerpo policial para combatir la inseguridad.

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(EFE)

"A mí no me interesa saber qué cosas habla por teléfono la gente en Argentina", se defendió el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri. EFE/Archivo

"A mí no me interesa saber qué cosas habla por teléfono la gente en Argentina", se defendió el conservador Macri antes de atribuir el escándalo a la "tensión" que genera que a finales de noviembre los agentes de la nueva Policía Metropolitana "salgan a la calle".

"Esto origina trabas, palos en la rueda", destacó en declaraciones a los periodistas.

El escándalo se desató hace semanas, durante la investigación de una denuncia realizada por Sergio Burstein, familiar de uno de los 85 muertos que dejó en 1994 el atentado contra una mutualista judía de Buenos Aires, quien dijo que su teléfono estaba intervenido, según le habían advertido en una llamada anónima.

Burstein aseguró que quien le dio la información responsabilizó a Jorge Palacios, un ex comisario que debió renunciar en agosto a la jefatura de la Policía Metropolitana después de que la comunidad judía le acusara de "encubrir" el ataque contra la mutualista, el mismo delito que ahora también le ha imputado la Justicia.

El juez Norberto Oyarbide, que lleva la causa, estableció que los servicios secretos habían intervenido el teléfono de Burstein por orden de un juez de la provincia de Misiones (noreste) que investigaba un homicidio.

Dos policías de Misiones, que están detenidos, declararon haber recibido la recomendación de efectuar las escuchas de Ciro James, un ex agente de la Policía Federal que aspira a ingresar en la Policía Metropolitana y que se desempeña como funcionario del Gobierno de Macri.

Los investigadores sospechan que James, que también está detenido, intervenía teléfonos "a pedido" y había blanqueado las escuchas de las conversaciones de Burstein al incorporarlo intencionalmente en la causa que se seguía en Misiones.

Después de que la Justicia detectara llamados entre James y autoridades de la Policía Metropolitana, el juez Oyarbide allanó este martes varias oficinas del Ministerio de Justicia de la ciudad y se incautó de un ordenador de Osvaldo Chamorro, quien sustituyó a Palacios al frente de la nueva fuerza de seguridad.

El ministro de Justicia de la capital argentina, Guillermo Montenegro, reiteró hoy que ha ordenado cuatro sumarios internos para investigar el asunto, se comprometió a colaborar con Oyarbide y vinculó el escándalo con "intereses políticos y económicos que no quieren que la nueva policía salga a la calle".

Montenegro se quejó por la "publicidad" que tomó la causa y argumentó que James ocultó haber pertenecido a la Policía Federal cuando hace más de un año fue contratado como asesor por el Ministerio de Educación de la ciudad.

"A Montenegro no le creo nada", advirtió Burstein, tras calificar de "patéticas" sus explicaciones.

Diputados de la oposición convocaron para hoy a una sesión especial de la Legislatura para promover la interpelación del ministro Guillermo Montenegro y de su colega de Educación, Mariano Narodowski.

A finales de 2008, la Legislatura de Buenos Aires aprobó la creación de la Policía Metropolitana, que depende del Ejecutivo de la ciudad y no del Gobierno central, como la Policía Federal.

La iniciativa fue propuesta por Macri después de que fracasaran sus gestiones con el Gobierno de Cristina Fernández para que éste traspasara la Policía Federal a la órbita de la capital del país con sus fondos correspondientes, que rondan los 250 millones de dólares anuales.