Quito.- La Constitución de Ecuador, aprobada por referendo popular en septiembre de 2008, celebra hoy su primer año de vigencia, un periodo que ha comportado el inicio de procesos de cambio en las principales estructuras económicas, políticas y sociales del país.
Hasta el momento se han aprobado 33 leyes, algunas de ellas consideradas "fundamentales" para la aplicación de los principios consagrados en la Ley Suprema del Estado. EFE/Archivo
La Carta Magna, elaborada por una Asamblea Constituyente, con 444 artículos, 30 disposiciones transitorias y un Régimen de Transición de 30 artículos, fue aprobada en referendo el 28 de septiembre de 2008 con el 63,93 por ciento de votos a favor, y entró en vigor el 20 de octubre de aquel año.
Luego de la aprobación popular del texto, la Constituyente designó a los integrantes del Consejo Nacional Electoral y a una Comisión Legislativa, que cumplió las funciones del Congreso hasta que fueron elegidos los integrantes titulares de la institución legislativa.
Ese organismo se denomina Asamblea Nacional Legislativa, nombre que toma el Parlamento según la nueva Constitución, y está compuesto por 130 integrantes, que fueron elegidos en los comicios generales del pasado 26 de abril.
Precisamente la Asamblea publicó hoy en sus canales oficiales un breve repaso al primer año de vigencia de la nueva Carta Magna, que, a entender de la institución, "puso énfasis en la reinstitucionalización" del país.
Hasta el momento se han aprobado 33 leyes, algunas de ellas consideradas "fundamentales" para la aplicación de los principios consagrados en la Ley Suprema del Estado, reportó la institución, en la que hay una mayoría parlamentaria del oficialista movimiento PAIS.
Dentro de las leyes que debían ser emitidas en el plazo de 360 días contados a partir de la vigencia de la Constitución, la Asamblea aprobó las normativas referentes al funcionamiento de la Corte Constitucional, la Ley de la Defensoría Pública y la Ley de Seguridad Pública y del Estado.
Sin embargo, algunas leyes fundamentales, como las que se refieren a los recursos hídricos, a la minería o a la educación, todavía no han sido aprobadas y se encuentran en procesos de diálogo con distintos sectores sociales.
Uno de los elementos que identifica al nuevo régimen constitucional de Ecuador es la inclusión de los llamados "derechos del buen vivir", que incluyen cuestiones como la inclusión y la equidad, la educación, la salud, la seguridad social, el hábitat y la vivienda, la cultura, la cultura física y el tiempo libre, aunque aún no se han hecho visibles los resultados.
Con la publicación de la nueva Constitución quedó derogada la aprobada por otra Asamblea Constituyente en 1998, pero que no fue sometida a consulta popular.
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