Quito.- Estudiantes, profesores y rectores universitarios preparan para el próximo miércoles una movilización en Quito para que el Gobierno "escuche de primera voz la posición del sistema universitario" frente a un proyecto de ley orgánica de Educación Superior que prepara el Ejecutivo.
Desde hace más de dos meses, estudiantes y rectores llevan adelante una serie de protestas por el proyecto de ley que defiende la Secretaría Nacional de Desarrollo (Senplades). EFE/Archivo
Así lo explicó hoy Carlos Cedeño, rector de la Universidad de Guayaquil, quien explicó que, en ese proyecto legal, existen "asuntos que preocupan mucho" a los actores universitarios.
En declaraciones a Teleamazonas, Cedeño calificó la futura ley de "altamente peligrosa" para el país, porque, a su juicio, contiene muchas "inconstitucionalidades y porque pone en riesgo la vigencia plena de principios fundamentales", necesarios para que las instituciones educativas puedan cumplir su función.
Por ello, instó al sector universitario a movilizarse el próximo miércoles desde un parque, en el norte de Quito, al Palacio de Gobierno, en el centro histórico, donde esperan ser recibidos por el presidente Rafael Correa.
El pasado sábado, Correa, en su habitual informe de labores semanal, anunció que para hoy había prevista una reunión con los rectores, sin embargo, Cedeño señaló que los representantes universitarios han decidido no acudir a la cita.
Esa decisión es la respuesta a la invitación que el Ejecutivo envió a otros actores universitarios, según Cedeño, ajenos al Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), con la intención de "dividir" las posturas de los rectores.
El rector de la Universidad de Guayaquil hizo un llamamiento a no acudir a la reunión y a "no servir de juego al Gobierno, en una estrategia de pretender dividir a los sectores sociales".
Desde hace más de dos meses, estudiantes y rectores llevan adelante una serie de protestas por el proyecto de ley que defiende la Secretaría Nacional de Desarrollo (Senplades) y que actualmente debate la Asamblea Nacional (Parlamento), por considerar que atenta contra la autonomía en la gestión de las universidades.
También señalan que el proyecto contiene aspectos inconstitucionales y que ha sido elaborado sin la participación de los actores implicados, de un modo "prepotente".
Por su parte, el Gobierno defiende que es necesaria una "revolución universitaria" y que el Estado recupere el rol "en términos de generación de política pública y en términos de regulación del campo de la educación superior".
Además, apunta a que las protestas se producen porque hay sectores tradicionales que, con la nueva ley, van a perder "sus privilegios".
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