El Gobierno Vasco y el CGPJ demandan la regulación de la mediación de conflictos

Bilbao.-  La consejera vasca de Justicia, Idoia Mendia, y la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Margarita Uría han abogado hoy por establecer una regulación legal de la mediación de conflictos y por profesionalizar la labor de quienes tratan de promover la conciliación entre las partes.

ampliar foto

(EFE)

La consejera de Administración Pública y Justicia, Idoia Mendia. EFE/Archivo

Mendia y Uría han intervenido en Bilbao en una jornada sobre mediación organizada por el Gobierno Vasco en colaboración con el CGPJ, en la que la consejera ha defendido la fórmula de la conciliación entre las partes porque permite dotar a las víctimas de los procesos penales de mayor protagonismo, al tiempo que evita llevar a juicio asuntos que pueden resolverse de otro modo.

Según ha explicado, la "intención" de su departamento es "potenciar" todos aquellos mecanismos "que den voz a las víctimas" y, ha añadido, la experiencia realizada hasta el momento sobre mediación ha demostrado que "no sólo se logra una medida punitiva y a la vez resocializadora" del causante del daño, "sino que la víctima es escuchada y resarcida".

Mendia ha expuesto que hasta la fecha la mayoría de casos en que se han empleado este tipo de soluciones en el ámbito penal se refería a jurisdicción de menores y ha propuesto "aprovechar" esa experiencia para aplicarla en otros ámbitos.

En lo que va de año, los servicios de mediación penal del País Vasco han registrado 419 mediaciones, que en la mayoría, 344 casos, se resolvieron con acuerdo y éste no se logró en 66 casos, mientras en 9 ocasiones finalizaron en el propio servicio de mediación penal.

Mendia ha considerado que "la solución de conflictos y la paz social va más allá de una exclusiva actuación de juzgados y tribunales" y ha considerado que las administraciones están "obligadas" a promover los sistemas de conciliación.

Así, ha destacado el "decidido compromiso" del Gobierno Vasco de "impulsar y garantizar que los derechos de todos los ciudadanos sean atendidos con la debida calidad de las soluciones ofrecidas" y ha defendido la necesidad de promover desde la Administración pública "vías de solución de conflictos válidas entre particulares".

Para avanzar en esta materia, Mendia ha considerado "urgente" unificar los recursos existentes, que trabajan fundamentalmente en la mediación familiar, y crear otros para ampliar ese tipo de soluciones a ámbitos como las reclamaciones económicas entre particulares y entre vecinos, así como los contenciosos de responsabilidad por daños.

Por su parte, Margaría Uría, como la vocal del CGJP para el País Vasco que ostenta además la vocalía del Consejo en materia de mediación, ha pedido la creación del estatuto del mediador para que quienes ejerzan esa función "no sean sólo personas bienintencionadas, como hasta ahora, sino verdaderos profesionales, realmente formados y preparados para ello".

Uría ha defendido la necesidad de una regulación legal específica que "aporte mayores certezas" para este tipo de procesos y que éstos se puedan "generalizar" a otras materias del derecho.

Además de la conveniencia de fomentar este tipo de soluciones en el ámbito familiar y de los procesos penales con menores, Uría ha planteado aplicarlo en la jurisdicción Contencioso Administrativa, lo que ayudaría a "descargar" a estos juzgados.