Almuñécar (Granada).- La mayoría de los abogados de los once inculpados por el Tribunal Supremo en el caso "Tropical Fruits" de Almuñécar van a solicitar que se cumpla la sentencia, que condenaba a la parte denunciante al pago de todas las costas y gastos procesales, que podrían ser superiores al millón de euros.
El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (en la imagen), ha informado a Efe de que por una parte está la acción que van a llevar a efecto los abogados, en la mayoría de los casos de oficio, que participaron en el proceso y que quieren cobrar la cuantía que le corresponde por un pleito de esta envergadura, que ha llegado al Supremo. EFE/Archivo
El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, ha informado a Efe de que por una parte está la acción que van a llevar a efecto los abogados, en la mayoría de los casos de oficio, que participaron en el proceso y que quieren cobrar la cuantía que le corresponde por un pleito de esta envergadura, que ha llegado al Supremo.
Este procedimiento para la ejecución de sentencia que ya se ha iniciado y existe también una reclamación a los denunciantes de las cuantías que les corresponde por los gastos del proceso.
El regidor dice que tema distinto es que el Ayuntamiento haya querido esperar a una sentencia firme para hacer una exigencia de responsabilidad a la Comisión Liquidadora, al tener bloqueado el legítimo derecho del Consistorio a acceder a la cuota de representación que le corresponde desde el año 1995.
Benavides ha apuntado que 18 años después de que la empresa Tropical Fruits, que contaba con capital privado y del Ayuntamiento de Almuñécar como socio mayoritario, se declarara en suspensión de pagos y en proceso de liquidación, continúe sin estar liquidada y desde 1995 sin representación municipal, además no haberse convocado ni una sola reunión con la Comisión Liquidadora.
En 1995, el Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar decidió por unanimidad cesar al representante que tenía en ese momento, pero éste continúa como presidente del Consejo de Administración, que no se ha reunido ni una sola vez, y de la Comisión Liquidadora, que tampoco ha mantenido reuniones.
El alcalde de Almuñécar ha resaltado que, al ser una empresa mixta, se solicitó hace años judicialmente una reunión de la Junta General de Accionista, pero todavía no ha existido respuesta a la petición.
Desde el año 1992 tampoco han presentado en el registro los balances de cuentas anuales ni han realizado ninguna de las actuaciones que la Ley les obliga como responsables de una sociedad para disolverla, declararla en quiebra o cerrarla.
Un largo proceso respecto al que Benavides dice que le ha dejado un mal sabor de boca el intento permanente de judicializar la vida política en muchos sitios, pero que en Almuñécar se da con especial acritud en Almuñécar, pretendiendo a través de los tribunales con una denuncia tras otra denuncia conseguir lo que no dan las urnas.
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