Sevilla.- El Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía invertirán en los próximos tres años 18 millones de euros en rehabilitar y mejorar los 524 cuarteles de la Guardia Civil de Andalucía, una actuación que no sólo beneficiará a los agentes y sus familias, sino que también mejorará el servicio a la ciudadanía.
El presidente andaluz, José Antonio Griñán (i), y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba (d), junto a los consejeros andaluces de Gobernación, Luis Pizarro (2d), y de Vivienda, Juan Espadas (2i), firmaron hoy en Sevilla dos convenios de colaboración para la mejora de acuartelamientos de la Guardia Civil.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha suscrito hoy en Sevilla dos convenios que afectan directamente a la actividad que desarrolla la Guardia Civil en Andalucía con el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, y el de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, un acto que ha presidido el presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
Según el primero de los acuerdos, firmado por Rubalcaba y Pizarro, el Ministerio y la Junta se comprometen a invertir 18 millones de euros de forma conjunta entre lo que queda de este año y 2011 para reformar las instalaciones de la Guardia Civil de la comunidad.
Se trata de un convenio que da continuidad a otro firmado en 2006 y que, con una inversión también de 18 millones de euros, ha supuesto la realización en tres años de 1.087 actuaciones en 342 inmuebles del instituto armado en las ocho provincias andaluzas.
El ministro del Interior ha destacado el ejercicio de "responsabilidad" y "generosidad" que realiza la Junta de Andalucía al asumir junto al Ministerio este compromiso inversor, ya que se trata de una materia que no es de su competencia.
En lo que queda de 2009, Rubalcaba ha explicado que la Junta aportará 3 millones de euros y el Ministerio otros tantos, encargándose de la ejecución y dirección facultativa de las obras, así como de la obtención de los permisos, licencias y autorizaciones administrativas que sean necesarias.
De este modo, en los próximos meses está previsto que se realicen 347 obras en 157 acuartelamientos y unidades de la Guardia Civil.
En concreto, en Almería se intervendrá en 18 instalaciones, en Cádiz en 14, en Córdoba en nueve y en Granada 21, mientras que en Huelva se actuará sobre 27 acuartelamientos, en la provincia de Jaén en 15, en Málaga en 22 y en Sevilla en 31.
Rubalcaba ha asegurado que para el Gobierno de España la seguridad es "fundamental" y ha subrayado, además del importante esfuerzo de mejora de los acuartelamientos, el incremento de la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Andalucía en más de 7.000 efectivos en los últimos cinco años, hasta llegar a 27.000, un aumento que ha permitido reducir el nivel de delincuencia en la comunidad, según ha dicho.
Por su parte, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha destacado la importancia que tendrá estas mejoras no sólo en la vida de los agentes, sino también en la de los ciudadanos, así como en el servicio que se les presta.
Tras asegurare que "ningún cuerpo es tan representativo de la comunidad como la Guardia Civil", Griñán ha explicado que las actuaciones de mejora serán, entre otras restauración de fachadas, acondicionamiento de dependencias oficiales y pabellones y eliminación de barreras arquitectónicas.
Por otra parte, el segundo de los convenios, suscrito por el ministro y el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, supone consolidar el trabajo conjunto que la Consejería y la Guardia Civil realizan en materia de inspección y legalidad urbanística.
De este modo, la Guardia Civil colaborará con la Consejería en la ejecución del Plan General de Inspección Vigente en Andalucía mediante el desarrollo de funciones de policía administrativa, según ha explicado Rubalcaba.
"La Guardia Civil será la policía de la Consejería de Obras Públicas en estos asuntos", ha ejemplificado el ministro.
Por su parte, Griñán ha explicado que la Guardia Civil se encargará de evitar la formación de núcleos de población no previstos en el planeamiento general y posibles procesos de parcelaciones ilegales, así como a defender los usos previstos por el planeamiento territorial o urbanístico para el suelo no urbanizable de especial protección.
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