Oviedo.- El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Francisco González Buendía, ha anunciado hoy que se va a flexibilizar la norma inicialmente planteada para la próxima temporada de pesca del salmón y que se va a devolver el dinero de los cotos a los pescadores que retiren sus solicitudes para 2010.
El consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda de Asturias, Francisco González Buendía. EFE/Archivo
Buendía se ha pronunciado en estos términos en el pleno de la Junta General del Principado al ser interpelado por el diputado popular Luis Peláez sobre las intenciones del Ejecutivo asturiano de introducir "cambios muy restrictivos en la normativa para el ejercicio de la pesca en aguas continentales".
En su intervención, el consejero ha reconocido que hay una "fuerte regresión" del salmón en Asturias y el resto de la zona meridional del área donde está presente esta especie por lo que ha defendido la necesidad de una nueva normativa que permita garantizar este recurso.
El titular de Medio Ambiente ha recordado que en lo que va de año se han capturado en Asturias 356 salmones, "poco más de los pescados en la peor temporada" por lo que, en su opinión, "hay 356 motivos para adoptar medidas".
Según ha indicado Buendía, el salmón atlántico sufre una regresión generalizada que hace temer por el futuro de la especie ya que en los últimos veinte años se ha reducido su población a la mitad.
"El descenso se nota más en la cornisa cantábrica porque aquí está el borde de distribución de esta especie, que se ve afectada especialmente", ha subrayado Buendía que ha reconocido que, por lo tanto, Asturias no está bien situada geográficamente para impedir la regresión del salmón, cuya presencia se ve afectada por la contaminación, la sobrepesca o el calentamiento.
De hecho, según los datos aportados por el consejero, en los últimos 60 años el descenso se puede cifrar en un 2,2 por ciento anual en aguas asturianas.
Ha añadido que los resultados no son directamente proporcionales al gran esfuerzo realizado para la conservación del salmón, que no parece responder a las medidas adoptadas en la última década sobre el medio y la especie, tanto en su fase marina como fluvial.
De hecho, ha afirmado que la población de salmones no se recupera pese a que la calidad del agua de los ríos es mejor que hace una década, que el área disponible es mayor porque se han construido escalas que han permitido recuperar áreas de ríos para esta especie, que hay menos furtivismo y se hacen numerosas repoblaciones en los ríos, con la suelta de 800.000 alevines de media anual, medio millón más que en la pasada década.
En su opinión, la principal causa de la regresión del salmón no se encuentra en los ríos, ni es un problema de mala gestión, sino de índole global que precisa de "políticas audaces y eficaces" con las que, en su opinión, "es posible la recuperación de la especie".
Buendía ha afirmado que la nueva normativa de pesca fluvial para la próxima temporada es necesaria para garantizar este recurso, que tiene un gran peso socioeconómico, puesto que si no hay salmones, tampoco hay pescadores.
Ha aclarado que la administración devolverá el dinero a los pescadores que quieran retirar su solicitud de coto, una vez aprobada la nueva normativa que prepara el Ejecutivo "pese a que no tienen ninguna obligación legal de hacerlo".
Según Buendía, si no hay peces en el río hay que restringir su captura, por lo que es preciso abordar una norma que atienda al principio de la pesca responsable para que el mayor número de reproductores posibles permanezca en el río.
Peláez, por su parte, ha criticado que se haga esta normativa sin que se haya desarrollado la ley de 2002 que plantea la realización de un plan de los Recursos Acuáticos Continentales.
Ha pedido al consejero que explicase por qué no se ha desarrollado la ley aprobada en el año 2002 y donde se fija la realización de un Plan de los Recursos Acuáticos Continentales, por lo que se ha preguntado qué norma está haciendo.
"Quieren ocultar el fracaso de una gestión con un incremento de la vigilancia ", ha afirmado el diputado popular, en referencia a los 260 profesionales que se van a encargar de evitar el furtivismo, los vertidos y el cumplimiento de la normativa.
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