La APM en Galicia estima en un 50% el seguimiento de paro frente al 27% del TSJG

Ourense.-  El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Galicia, Antonio Piña, estimó hoy en casi un 50 por ciento el respaldo de los jueces en Galicia al paro en el sector, cifra que se contrapone, según citó, al 27 por ciento calculado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG).

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(EFE)

Aspecto que presentan esta mañana los juzgados de A Coruña como consecuencia de la huelga convocada para hoy por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

En una comparecencia ante los medios de comunicación en Ourense, Piña, también decano de los jueces en la capital de la provincia, no descartó la posibilidad de una "discusión con el comunicado oficial" del TSJG porque las cifras que ofrece la APM sólo incluyen los jueces titulares en activo y no al personal de permiso ni al que realiza sustituciones, argumentó.

Según Piña, los datos del paro de hoy son "muy parecidos" a los de la huelga anterior, el 18 de febrero, o "quizá algo más bajos".

Por provincias, Ourense y A Coruña tuvieron una participación "muy alta", en Vigo hubo una incidencia "relativa" por las fiestas, mientras que en Santiago y Ferrol rondó el 50 por ciento, detalló.

En el caso concreto de Ourense, Piña situó el grado de incidencia del paro en un 90 por ciento, secundado en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Contencioso, de lo Penal y de lo Social, así como en la Audiencia Provincial, donde hubo casi un 50 por ciento de participación.

Las principales cabeceras de la provincia, como O Carballiño, Ribadavia, Xinzo, Celanova y Verín, también siguieron el paro.

Como presidente de la APM en Galicia, Piña se refirió a las críticas del colectivo sobre el plan judicial del Gobierno, que definió como "un plan de marketing que no ofrece ninguna solución real a los problemas que tiene la Justicia en Galicia y en España".

Entre las principales quejas de los magistrados señaló el "insuficiente incremento del número de jueces, que no llega a cubrir el número de sustitutos, el escaso gasto en los presupuestos para el sistema judicial por parte del Gobierno, la carencia de programas informáticos y de nuevas tecnologías" que deja, subrayó, "la situación como al principio".

"No estamos demandando dinero, sino un servicio que mejore la situación de los ciudadanos y de los jueces", concluyó.