Bruselas.- La Comisión Europea (CE) ha impuesto una multa de 67,6 millones de euros a siete grandes multinacionales europeas y japonesas por participar en un cártel en el que se repartieron, entre 1999 y 2003, los mercados geográficos respectivos en el sector de los transformadores eléctricos.
La Comisaria de la Competencia, Neelie Kroers, hoy durante una rueda de prensa en la sede de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica.
Las compañías multadas son ABB, AREVA T&D, ALSTOM, Fuji Electrics, Hitachi y Toshiba, según ha anunciado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
La alemana Siemens también participó en el "acuerdo verbal" ilícito, pero no ha sido multada porque puso en conocimiento de Bruselas la existencia del cártel.
La CE puntualiza que la multa impuesta a ABB ha sido incrementada en un 50 por ciento porque ya había participado previamente en una infracción similar.
Según ha explicado en un rueda de prensa la comisaria responsable de la política de competencia, Neelie Kroes, las compañías europeas se comprometieron a no vender en Japón y las japonesas a no hacerlo en Europa.
El cártel fue organizado bajo la forma de un "acuerdo entre caballeros" verbal, en virtud del cual los participantes celebraban reuniones "en pretenciosos hoteles" de Asia y Europa -de Singapur a Barcelona, según la comisaria-, para dividirse el mercado.
"Las compañías fueron muy cuidadosas en mantener el carácter verbal del acuerdo" y se referían a él o a los participantes en las reuniones con palabras en clave.
Los transformadores son dispositivos clave en cualquier red de distribución eléctrica, por lo que el perjuicio ocasionado por el cártel son cuantiosos, ha añadido la comisaria.
Ha puntualizado que las japonesas Fuji e Hitachi y la francesa Areva han visto reducidas sus multas, porque cooperaron con la investigación.
Por el contrario, la suiza ABB ha sido penalizada porque ya fue multada en octubre de 1998 por la Comisión, tras comprobarse que participó en un cártel relacionado con tubos de calefacción.
Kroes ha subrayado que el Ejecutivo de la UE seguirá practicando una política de "tolerancia cero" con los cárteles y acuerdos ilícitos entre empresas, porque provocan "cuantiosos perjuicios" a la economía europea.
Según la responsable comunitaria, las estimaciones más conservadoras apuntan a un sobrecoste de "miles de millones de euros cada año" en los precios y debido a la pérdida de posibilidades de elección para los consumidores.
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