El Gobierno defiende a la Fiscalía mientras que el PP pide responsabilidad política

Madrid.-  El Gobierno ha defendido hoy la autonomía de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el "caso Faisán", mientras que el PP ha exigido al Ejecutivo que dé explicaciones sobre el posible archivo de la causa.

La Fiscalía solicitó al juez Baltasar Garzón que archive la investigación sobre el "chivatazo" que supuestamente alertó a ETA, en mayo de 2006, sobre una operación policial contra su red de extorsión, por entender que tres años después no se ha averiguado quién fue el responsable.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que la Fiscalía ha actuado en el ejercicio de su autonomía y, posteriormente, el ministro de Fomento, José Blanco, ha subrayado que no tiene por costumbre interferir en las decisiones judiciales.

En este sentido, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha hecho hincapié en que en "todos" los presuntos implicados en la operación policial fueron detenidos, puestos a disposición judicial y procesados.

Por su parte, la portavoz del grupo del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que espera que el Gobierno dé explicaciones sobre el posible archivo por entender que existen responsabilidades políticas.

En concreto, ha pedido explicaciones a los ministros de Interior y de Justicia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Francisco Caamaño, y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

Para el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, todavía es necesario saber "quién es el traidor, quién desde la policía fue capaz de avisar a alguien de las finanzas de ETA para que no fuera detenido".

Este hecho, en opinión del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, debería haber provocado dimisiones porque se trata de una cuestión de la máxima gravedad que debe de explicarse hasta sus últimas consecuencias.

"En cualquier país democrático avanzado habría dimitido un ministro o un fiscal" por el "caso Faisán", ha apostillado.

Sobre este asunto también se han expresado los sindicatos policiales, que han denunciado su malestar porque se pueda cerrar la investigación sin identificar al autor del chivatazo.

Así, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, ha reclamado que se siga investigando el "chivatazo" por entender que "lo mejor es no dejar ninguna hipótesis por investigar".

También la Confederación Española de Policía (CEP) ha manifestado su "frustración" porque se pueda cerrar sin identificar a su autor, y ha criticado que durante años se hayan grabado conversaciones telefónicas que afectan directamente a la lucha antiterrorista.

Por otra parte, la Asociación Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia han presentado una queja ante el juez Baltasar Garzón por la filtración de datos policiales en el informe en el que la Fiscalía pide el archivo de la investigación.

Fuentes de ambas asociaciones han informado de que en el informe figuran nombres, cargos, números de teléfono y números de carnés profesionales de los agentes supuestamente implicados en el caso, lo que contraviene resoluciones anteriores del magistrado que ordenaban que esos datos no fueran difundidos.