Oviedo.- La aplicación de la nueva Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural contará con una inversión en Asturias de 113,52 millones de euros, que financiarán a partes iguales la Administración central y el Principado y se repartirán entre 67 concejos de la región.
El consejero de Medio Rural, Aurelio Martín (d), se reunió hoy con una delegación de la Federación Asturiana de Concejos, encabezada por su presidente, Juan Fernández Pereiro (i), para tratar sobre el marco financiero y de participación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural en Asturias.
Así lo ha anunciado hoy el consejero de Medio Rural y Pesca, Aurelio Martín, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Juan Fernández Pereiro.
La partida supone el 4,4 por ciento del reparto estatal y con ella se tratará de "ampliar la base económica del medio rural, apoyando la diversificación, el desarrollo sostenible y el medio ambiente", ha indicado Martín, quien ha afirmado que se espera asegurar "unos servicios públicos adecuados y comparables al ámbito urbano".
El plan de inversión comienza a partir de 2010 y se extiende hasta el año 2014 y, como ha dicho el consejero, "es un nuevo instrumento de carácter legislativo, con aportación económica, que pretende dar estabilidad a las inversiones en el ámbito rural", aunque "no es la panacea que resuelva todos los problemas".
Martín ha señalado que ésta es una oportunidad para evolucionar en políticas que permitan avanzar al medio rural, diversificar y mantener población, además de "en políticas medioambientales que son tan importantes para la comunidad autónoma".
Esta ley permitirá financiar "proyectos que coinciden con objetivos muy amplios", que van desde "la consolidación económica a los servicios públicos y la preservación y mantenimiento del patrimonio cultural y natural en el medio rural" por lo que las iniciativas que se pueden presentar son "enormemente amplias y transversales".
"Las industrias con líneas de ayudas podrían optar a un complemento por estar en la zona rural", lo que abarcaría desde asuntos económicos a otros relacionados con la ley de dependencia y servicios públicos, ya que "permite una flexibilidad enorme" y hace "discriminación positiva" de la zona rural con respecto a otros ámbitos.
Entre las zonas de aplicación se encuentran los 61 concejos que conforman el total de municipios rurales de la región, así como los seis municipios urbanos incluidos en programas Leader, para los que la dotación económica será un complemento a dichas ayudas europeas.
Para la distribución de las inversiones, Medio Rural ha realizado una zonificación del territorio disponiendo los concejos en dos grandes zonas, la Occidental y la Oriental, limitadas por las comarcas del Camín Real de la Mesa y la Montaña Central.
Fernández Pereiro ha indicado que, dado el predominio de la ruralidad en la región, la aplicación de esta ley "significa atenuar una brecha creciente con la sociedad urbana en cuanto a políticas aplicadas de forma integradora y de manera participativa".
En este sentido, Aurelio Martín ha indicado que la nueva normativa "exige poner instrumentos de participación abiertos en los que estén presentes ayuntamientos y agentes sociales como sindicatos, organizaciones ambientales, agentes económicos etcétera".
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