Guatemala.- Una coalición de organizaciones sociales de Guatemala presentó hoy un pliego de pruebas contra seis de los trece magistrados electos para integrar el Poder Judicial del país, escogidos la semana pasada por el Parlamento guatemalteco.
Las pruebas, entre las que se encuentra el historial político y profesional de los magistrados señalados, fueron presentadas al Parlamento el pasado viernes. EFE/Archivo
"Son pruebas que demuestran la falta de idoneidad y honorabilidad de éstos magistrados", dijo a Efe Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, una de las 48 organizaciones que integran la plataforma Convocatoria Ciudadana.
Las pruebas, entre las que se encuentra el historial político y profesional de los magistrados señalados, fueron presentadas al Parlamento el pasado viernes, horas antes de que venciera el plazo fijado por la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal de este país.
La CC suspendió provisionalmente la elección de los trece magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CJS), realizada la semana pasada por el Parlamento, tras dar amparo a tres abogados que, a título personal, cuestionaron la inclusión de seis magistrados que "no son idóneos" para dirigir el Poder Judicial.
El presidente de la CC, Francisco Flores, dijo a los periodistas que el Congreso deberá sustituir a los magistrados electos sobre quienes se presenten pruebas que demuestren su falta de idoneidad para ocupar los cargos antes del próximo 13 de octubre, fecha en que por disposición constitucional deberá ser renovada la CSJ.
Los magistrados cuestionados son Thelma Aldana, Manuel Pocasangre, Dimas Bonilla, Elda Nájera, Jackeline España y Mynor Franco, por tener vínculos con partidos políticos y participar en negocios del Estado.
"Se presentaron pruebas contundentes de demuestran que estas personas, de diversas formas, han procurado en favor de la impunidad. Necesitamos magistrados de reconocida honorabilidad, y comprometidos con el Estado de Derecho", precisó Mack.
Estos jueces también fueron cuestionados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dirigida por el jurista español Carlos Castresana, quien antes de la elección recomendó al Parlamento abstenerse de votar por ellos.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Gabriela Carina Knaul, también criticaron la elección de éstos magistrados y pidieron al Parlamento enmendar el procedimiento.
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