Valladolid.- Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido la obligación del Estado de pagar unos 60 millones de euros a la Junta de Castilla y León por gastos pendientes derivados de la transferencia de la Sanidad, de ellos 35,6 millones por la factura de farmacia de diciembre de 2001.
El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa que ofreció hoy posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
El litigio se ha centrado en determinar si ese gasto de diciembre, anterior a que la Junta asumiera la competencia sanitaria en enero de 2002, correspondía al Ministerio de Sanidad o debía hacer frente al mismo la Comunidad, cuyos servicios jurídicos plantearon que existía una subrogación de las obligaciones.
La sentencia, según ha explicado hoy el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, recoge que el Estado deberá pagar 53,4 millones de euros más los intereses de demora, con lo que en total serán unos "sesenta millones de euros".
En concreto, 8,1 millones son por gastos relacionados con pagos de nóminas y conceptos similares; 9,6 por suministros, servicios y conciertos de asistencia sanitaria y 35,6 por el citado gasto de farmacia.
Según la información facilitada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la sentencia apunta en este caso a que se trata de "compromisos de gasto adquiridos de conformidad con lo previsto en el ordenamiento" y por lo tanto contaban con una partida en los Presupuestos del Estado.
Han quedado fuera de la reclamación de la Junta algunas partidas en materia de obras por proyectos modificados o por inversiones reales.
Según la Junta, "la sentencia supone un cambio de criterio respecto a otras similares emitidas en el pasado" ante reclamaciones de Asturias y Extremadura, y podrá ser recurrida en el plazo de diez días ante el Tribunal Supremo.
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