Greenpeace denuncia prácticas ilegales de empresas españolas en Latinoamérica

Madrid.-  Greenpeace ha denunciado hoy "la actitud prepotente" y las prácticas ilegales de las empresas españolas que operan en Latinoamérica y ha pedido al Gobierno que les obligue a ser "transparentes", a rendir cuentas públicamente y a trabajar "al menos con los mismos estándares que en España".

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(EFE)

Mabel González, responsable de la campaña "Conflicto y Medio Ambiente de Greenpeace", hoy durante la presentación del informe "Los nuevos consquistadores. Multinacionales españolas en América Latina", que analiza el comportamiento de las mayores empresas españolas y los impactos sociales y medioambientales de sus actividades.

Greenpeace ha hecho esta petición después de analizar el impacto social y medioambiental de la actuación de las mayores empresas españolas con inversiones en América Latina.

El informe "Los nuevos conquistadores. Multinacionales españolas en América Latina", presentado hoy por la responsable de Campañas de Greenpeace, Mabel González, denuncia que "tras la imagen responsable y sostenible que las multinacionales españolas venden en España, se esconde una realidad muy distinta" cuando están en el exterior.

Según este informe, el 85 por ciento de las 79.000 multinacionales que operan en el mundo, tienen su matriz en Estados Unidos, la UE y Japón, y sólo el 15 por ciento restante procede de países emergentes.

Dentro de este contexto, las empresas españolas juegan un importante papel, ya que once de ellas están incluidas en la Fortune Global 500, el ránking internacional de empresas más importante.

Sin embargo, la actuación de estas compañías fuera de España es más que cuestionable en los países de Latinoamérica, donde destruyen el medio ambiente y atentan contra los derechos humanos y laborales, según el informe.

Entre los casos más flagrantes, Greenpeace recoge el caso de Repsol YPF, propietaria de más del 90 por ciento de las reservas de hidrocarburos de América Latina.

En Ecuador, esta compañía opera en el Parque Nacional de Yasuni, donde se han producido derrames de crudo y se han contaminado los ríos en una zona de altísimo valor ecológico.

Además, esta empresa participa en un 25 por ciento del Oleoducto de Crudos Pesados, una obra de más de 500 kilómetros que cruza la selva amazónica y la cordillera andina, y que ha afectado a once áreas protegidas con diversos vertidos de petróleo.

De hecho, más de 70 organizaciones locales han pedido que se expulse a Repsol de la Amazonía por negligencias que este año han provocado un vertido equivalente a 14.000 barriles de crudo.

El caso de las eléctricas como Endesa, Unión Fenosa e Iberdrola, tampoco es menor, ya que mientras se esfuerzan por proyectar una "imagen verde y sostenible" en España son responsables de gran parte de la destrucción del medio ambiente americano.

Unión Fenosa e Iberdrola, por ejemplo, encabezan un proyecto para la construcción de cinco centrales de carbón en Guatemala, "pese a que esta tecnología es una de las más contaminantes y menos eficientes del planeta", explica la responsable de Greenpeace.

Endesa, por su parte, quiere construir cinco grandes presas en la Patagonia chilena, lo que supondría inundar miles de hectáreas de un terreno completamente virgen y conllevaría la extinción de muchas especies y de la tercera reserva de agua dulce del mundo.

Las empresas del turismo también aparecen en el informe como ejemplos de destrucción del medio ambiente y en especial del litoral de México y del Caribe, a donde están exportando "un modelo turístico masivo que ha fracasado en España y que deja pocos beneficios en la población local", agrega González.

Por ello, Greenpeace, que va a remitir este informe al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Congreso de los Diputados, ha pedido al Gobierno que actúe con contundencia y obligue a estas empresas a ser "transparentes" y a informar de sus actividades en el extranjero (inversiones, beneficios, impuestos, etc).

"Ya que el Estado apoya a estas empresas con subvenciones y ayuda diplomática, lo menos que pueden hacer es detallar su actividad de forma abierta y clara porque estas compañías representan los intereses de unos accionistas, no los de España", puntualiza González.