Micheletti desaloja a campesinos y aumenta la oposición a la suspensión de garantías

Tegucigalpa.-  El Gobierno de facto de Roberto Micheletti volvió hoy a usar un decreto que desde el sábado suspende varias libertades fundamentales para sacar por la fuerza a un grupo de campesinos de un instituto público, pese a las llamadas al diálogo y el aumento de las voces en contra de esa disposición.

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(EFE)

Miembros del Comando Especializado Cobra (COECO) de la Policía hondureña, durante el desalojo del del Instituto Nacional Agrario (INA).

A primera hora de la mañana de hoy, como el lunes con la emisora Radio Globo y el canal 36 de televisión Chalusat Sur, miembros de la Policía y el Ejército asaltaron el Instituto Nacional Agrario (INA) para desalojar por la fuerza a 57 campesinos seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya.

"Esta acción forma parte de lo que es el decreto", dijo a los periodistas el portavoz de la Policía Orlin Cerrato.

La disposición gubernamental establece la posibilidad de desalojar a personas que ocupen instituciones públicas, y suspende varias garantías constitucionales, entre ellas, las de libertad de prensa y reunión durante 45 días.

El portavoz policial indicó que habían arrestado a varias personas para tomarles declaración y determinar sus responsabilidades por estar en el edificio, mientras que la fiscal de Derechos Humanos, Gabriela Gallo, aseguró a la prensa que no hubo personas golpeadas.

"Están desesperados, están aplicando un decreto que es ilegal, que no ha sido aprobado por el Congreso, este es un acto fascista", indicó a los periodistas el dirigente campesino Rafael Alegría, antes de entrar al área acompañado por la fiscal.

No fue la única acción policial del día. Un operativo con alrededor de 500 agentes y soldados, según indicó a Efe una fuente oficial, dispersó hoy con cargas y gases lacrimógenos una concentración de unos pocos cientos de seguidores de Zelaya ante el edificio de Radio Globo, donde protestaban por el cierre del lunes.

La radio, que permanece en el aire desde el lunes a través de Internet y de forma clandestina, era uno de los pocos medios que daba cobertura a las actividades de Zelaya, quien permanece en la embajada de Brasil desde el pasado día 21.

Precisamente, una misión de diputados brasileños tiene previsto llegar en horas de la noche de hoy a Tegucigalpa para mantener contactos con diferentes sectores y conocer la situación de la legación diplomática.

Mientras el Gobierno de Micheletti aplica el decreto, el Tribunal Supremo Electoral se sumaba hoy al Congreso y a diferentes voces de partidos políticos hondureños, incluidos candidatos presidenciales, para reclamar la derogación de la disposición.

La solicitud fue presentada por los magistrados del organismo electoral David Matamoros y Enrique Ortez Sequeira durante una reunión con Micheletti en la Casa Presidencial, y se suma a demandas similares planteadas por el Parlamento, los candidatos presidenciales y otros sectores.

Matamoros subrayó la necesidad de que "el decreto sea eliminado, derogado, para que no haya ninguna duda (...) sobre la legitimidad" de los comicios del 29 de noviembre.

Ortez Sequeira indicó que se pidió al gobernante de facto que "recapacite" y elimine el decreto.

Micheletti dijo que accedió a analizar la solicitud y volvió a insistir en que el decreto será "derogado de la manera oportuna", para lo que continuará consultas con la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros órganos del Estado.

Pese a las llamadas al diálogo de los últimos días, el presidente de facto dijo que "no ha llegado la hora de sentarse" a dialogar con Zelaya, aunque indicó que representantes de ambos sectores "están platicando, están hablando, para ver cómo esta situación lleva calma y podemos lograr el objetivo".

Micheletti también descartó, por considerarlos "inconstitucionales", aspectos de la propuesta de un grupo empresarial para restituir nominalmente en el cargo, y en situación de prisión domiciliaria, al presidente derrocado.

La propuesta, encabezada por Adolfo Facussé, prevé que un Gabinete de ministros gobierne el país, a donde vendría una "fuerza militar-policiaca de países amigos" que velaría por el cumplimiento del acuerdo.

El obispo auxiliar de Tegucigalpa, Juan José Pineda, aseguró que hay mucho diálogo a "distintos niveles" entre los distintos actores para tratar de alcanzar un acuerdo que permita salir de la crisis política que vive Honduras desde el 28 de junio pasado.

"Creo haber recibido hasta este momento nueve propuestas escritas y muchas verbales y entre todas ellas creo que se puede salvar muchísimo", dijo el obispo, quien se reunió la semana pasada con Zelaya y Micheletti, con los que mantiene un "pacto de silencio" para no revelar el contenido.

También, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) denunció hoy que desde el golpe, al menos catorce personas han sido "asesinadas" en Tegucigalpa y otras poblaciones por "andarse manifestando" y "por la persecución política".