La Ley de Economía Sostenible de Zapatero

A principios de septiembre el presidente Zapatero comparecía ante el Congreso de los Diputados para explicar los planes del Gobierno para sacar a España de la crisis económica por la que está atravesando. Sin ánimo de entrar en la tormenta política, que por su magnitud y violencia podría ubicarse en una escala entre tormenta tropical y huracán, parece destacable un instrumento que se puso sobre la mesa, la Ley de Economía Sostenible. A muchos, sólo el adjetivo sostenible les provoca una hilaridad más o menos contenida que suele derivar en una denostación del elemento que lo acompaña. Este fenómeno es el que se ha producido en muchos foros con la mencionada Ley de Economía Sostenible.

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Plataforma solar Solucar en Sanlúcar La Mayor (Sevilla).

Es cierto que en los últimos años el concepto de sostenibilidad ha estado muy manido y, en muchas ocasiones, se ha utilizado para esconder oscuros intereses. No obstante, no por ello deja de ser un concepto básico a la hora de desarrollar cualquier tipo de política económica. Un modelo económico sostenible podría definirse como aquel en el que la relación existente entre los sistemas humanos y ecológicos permite mejorar y desarrollar la calidad de vida, manteniendo, al mismo tiempo, la estructura, las funciones y la diversidad de los sistemas ambientales que sustentan la vida (Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo. 1988). Es decir, crecimiento con desarrollo, preservando los sistemas ambientales.

En términos generales, se puede considerar que una economía tiene un crecimiento sostenible cuando es capaz de satisfacer las necesidades económicas, sociales y ambientales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cubrir las suyas. Este concepto está lógicamente relacionado con la capacidad de gestionar y utilizar los recursos de la economía de forma eficiente, el aprovechamiento de todo el potencial de innovación ecológica y social que ofrece la economía, garantizando un nivel de bienestar no decreciente, la protección del medioambiente y la cohesión social.

Como se puede ver, la sostenibilidad no es un concepto exclusivamente ambiental, sino que tiene tres vertientes. La estrictamente económica, que trata cuestiones como la mejora de la competitividad —mediante políticas como el fomento de la I+D+i y de la formación—, la internacionalización de las empresas, o el equilibrio en las cuentas públicas. La sostenibilidad medioambiental, relacionada con la reducción de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes, el uso eficiente de los recursos naturales (energía, agua, biodiversidad, suelo, etc.), entre otras cuestiones. Y, por último, la sostenibilidad social, que hace alusión a la mejora del bienestar de la ciudadanía creando más y mejor empleo, reduciendo el riesgo de exclusión social o pobreza y garantizando la salud pública y la protección ante situaciones de dependencia.

Al analizar algunos de los indicadores de sostenibilidad se aprecia que el modelo económico de los últimos 20 años es insostenible en las tres vertientes consideradas, poniéndose de manifiesto la necesidad de políticas que lo orienten hacia la sostenibilidad. En el ámbito ambiental es destacable el fuerte crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, que en 2007 se situaban en un 51,6% por encima de las de 1990, alejándose abismalmente de nuestro compromiso de incremento del 15% en el Protocolo de Kioto. La intensidad energética española, que mide el consumo de energía necesario para que nuestra economía produzca una unidad de PIB, ha mantenido una línea general ascendente desde hace dos décadas mientras que en el resto de países europeos ha ido descendiendo.

Desde el punto de vista económico, sectores como la construcción, el turismo, y el transporte han registrado un crecimiento exponencial desde 1990, con fuertes implicaciones en consumo de recursos ambientales y económicos, que han condicionado decisivamente la insostenibilidad de nuestro modelo económico. En este contexto, hay que prestar especial atención al reto de la competitividad para la economía española, ya que son preocupantes los resultados del reciente "Informe de Competitividad Global 2009-2010", elaborado por el Foro Económico Mundial (FEM), que muestra la caída en cuatro puestos de España en la lista de países más competitivos, pasando a ocupar el lugar 33º.

En el ámbito social, también se registran tendencias insostenibles. Algunos indicadores relevantes podrían ser: la elevada tasa de abandono educativo; una tasa de riesgo de pobreza que, lejos de descender en los años de bonanza económica, se mantuvo estable; o la desigualdad de la distribución de los ingresos, que ha repuntado en los últimos años.

Esta muestra de indicadores no debe llevarnos a realizar un diagnóstico catastrófico del modelo español, ya que éste también ha permitido un ciclo de crecimiento económico con mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, es verdad que tiene que reorientarse hacia la senda de la sostenibilidad, para seguir garantizando y mejorando el bienestar de la sociedad, y para ello es necesario utilizar instrumentos de política económica. Es aquí donde la Ley de Economía Sostenible juega un papel fundamental y puede tener un elevado potencial como instrumento.

¿Se puede reorientar el modelo productivo únicamente con una Ley? No. Una Ley puede contribuir al cambio, pero es insuficiente, ya que se necesita el compromiso de toda la sociedad. Además, hay que poner de manifiesto la complejidad de determinar qué debe contener una Ley de estas características. Por un lado, podría constituirse en un instrumento planificador que intentaría dirigir la actividad económica hacia los sectores que el Gobierno decidiera. Eso sería muy negativo en términos de eficiencia para la economía española y, por tanto, para el bienestar de los ciudadanos. Por otro lado, si se adopta un enfoque demasiado generalista la Ley podría asemejarse a una carta a los Reyes Magos, en la que se enumeraría una serie de principios y objetivos "sostenibles", siendo muy probable que los Reyes nos trajeran únicamente carbón o, mejor dicho, carbono.

Sin duda, es un reto complicado. Hasta ahora, los elementos de la Ley que se han ido anunciando parecen ir en la buena dirección: apuesta por la competitividad a través de la I+D+i y la formación; mejora de la sostenibilidad del modelo energético (con objetivos del 20% de renovables y 20 de ahorro de consumo de energía para 2020); políticas urbanísticas y de vivienda más racionales y equilibradas; impulso de los modos de transportes más sostenibles ambientalmente (como el ferrocarril); mejora del sistema educativo y de la formación continua; compromiso con la eficiencia de las Administraciones públicas; refuerzo y mejora de la independencia de los organismos reguladores; entre otros. No obstante, todavía habrá que esperar a la configuración final de la Ley, su aprobación, y su aplicación para comprobar la verdadera determinación política del Gobierno.

Por último, es necesario poner de manifiesto la necesidad de acometer las medidas públicas anunciadas en un contexto de austeridad en el gasto público, minimizando el riesgo de retroalimentar una dinámica de déficit público, que comprometería la sostenibilidad de la economía. No sería sostenible registrar una senda creciente de gasto público en base a déficit, lo que limitaría la capacidad de inversión del Estado en un futuro y su papel como agente dinamizador de la economía.

*Gonzalo Sáenz de Miera es economista y promotor del GTPES (Grupo de Trabajo sobre Políticas Energéticas Sostenibles). Miguel Ángel Muñoz es economista.