Madrid.- La Audiencia Nacional ha lanzado un proyecto piloto de uso de nuevas tecnologías que inicialmente se aplicará para agilizar las sentencias firmes sobre conflictos laborales con el fin de reducir a una cuarta parte el tiempo que se tarda en tramitar los recursos ante el Tribunal Supremo.
La Audiencia Nacional ha lanzado un proyecto piloto de uso de nuevas tecnologías que inicialmente se aplicará para agilizar las sentencias firmes sobre conflictos laborales con el fin de reducir a una cuarta parte el tiempo que se tarda en tramitar los recursos ante el Tribunal Supremo. EFE/Archivo
Durante el acto de constitución del grupo de trabajo que se encargará de poner en marcha medidas de mejora de la jurisdicción social, el presidente de la Sala de lo Social, Ricardo Bodas, se quejó de que actualmente se dictan "resoluciones que hacen historia del Derecho y no intervienen en tiempo útil para resolver conflictos laborales".
Según sus datos, la Sala de lo Social se enfrenta anualmente a unos 300 procedimientos, sobre los que dicta sentencia en apenas mes y medio, aunque el problema reside en que la notificación y la formalización de los recursos ante el Tribunal Supremo llega a tardar entre 18 y 24 meses (que ahora se espera rebajar a 6 meses).
"La tramitación de los recursos de casación se dilata de manera tremenda por la existencia de multitud de demandantes", se quejó el presidente de la Sala de lo Social.
Además, el alto tribunal revoca cerca del 22% de las sentencias emitidas por la Audiencia Nacional, lo que desincentiva "el derecho colectivo, que no es suficientemente atractivo" y hace que "se litigue a través de procedimientos individuales en vez de colectivos".
Para agilizar la obtención de sentencias firmes en los conflictos laborales, la recién constituida Mesa de lo Social tiene previsto fomentar la notificación telemática, para evitar tramitar anualmente entre 700.000 y 800.000 notificaciones en papel.
Asimismo, tiene previsto impulsar los recursos de casación ordinarios con la aportación de autos escaneados; todo ello con "coste cero", según remarcó Ricardo Bodas.
Por su parte, el magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo Aurelio Desdentado Bonete, destacó su apoyo a la nueva iniciativa, y pidió "apoyo en términos materiales y personales al Ministerio de Justicia para conseguir un éxito notable en tiempos de celeridad".
Desdentado insistió en que "tenemos que dar una respuesta de calidad pero también una respuesta rápida" porque "el proceso de conflicto colectivo es una institución capital de nuestro sistema de relaciones laborales".
En esa línea se manifestó Ricardo Bodas, que advirtió de que "el desempleo, que se ha convertido en el primer problema nacional, va a poner a prueba a la jurisdicción laboral".
Por su parte, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, insistió en que el proyecto podría extenderse a otras jurisdicciones, para lo cual sería necesario "el fortalecimiento de inversiones que una Justicia de este siglo requiere".
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