Bogotá.- El Ejército Nacional de Colombia negó hoy que esté implicado en una trama de escuchas al jurista Iván Velásquez, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que investiga los nexos de congresistas con grupos paramilitares.
Las interceptaciones ilegales al teléfono móvil del jurista Iván Velásquez fueron realizadas desde una sala de la Fiscalía General situada en una "unidad militar", admitió el Ejército de Colombia, y dijo que no tiene acceso a esta oficina técnica. EFE/Archivo
Las interceptaciones ilegales al teléfono móvil del letrado fueron realizadas desde una sala de la Fiscalía General situada en una "unidad militar", admitió la institución armada, y aseguró que no tiene acceso a esta oficina técnica.
La intervención del celular de Velásquez fue ordenada por una autoridad judicial, dentro de un caso de extorsión denunciado el pasado mayo ante un grupo militar de elite contra ese delito y el secuestro por un comerciante de una localidad cercana a Bogotá.
El caso, que implica a supuestos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pasó a manos de la fiscalía, que "determinó el control de líneas telefónicas, señaló el ejército en un comunicado público.
En la nota, el Ejército sostuvo que "desconoce los alcances de la orden judicial de control a la línea telefónica, del material recolectado durante la investigación del personal que tuvo acceso a las informaciones, en razón a que la sala en mención es controlada y manejada por personal de la Fiscalía General de la Nación",
Asimismo, indicó que el comerciante sostuvo a personal militar que lo contactó el pasado 22 de septiembre que, en su denuncia previa, nunca facilitó el número del móvil del magistrado.
El Ejército divulgó el comunicado en respuesta a publicaciones periodísticas sobre los hechos, entre ellas la revista Cambio, que advirtió de que "todo indica (...) que la fiscalía podría haber sido utilizada por agencias del Estado (...) para hacer interceptaciones ilegales al magistrado Velásquez".
El letrado está a cargo del equipo investigador del llamado escándalo de la "parapolítica", de nexos de congresistas y otros cargos estatales con las ahora disueltas Autodedefensas Unidas de Colombia (AUC).
La CSJ ha vinculado con esta causa a más de 70 legisladores, la mayoría de ellos de la coalición en el Gobierno.
La nueva trama había sido denunciada el 21 de septiembre último en Bogotá por el fiscal general interino, Guillermo Mendoza, quien informó que un magistrado auxiliar de la CSJ era víctima de interceptaciones ilegales desde salas de la entidad judicial.
Mendoza dijo que, además del caso por extorsión, el teléfono móvil de Velásquez también fue intervenido dentro de una investigación por secuestro.
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