Bogotá.- La presión internacional sobre el Gobierno de facto de Honduras para que permita la restitución de Manuel Zelaya en el poder se incrementó hoy a raíz del sorpresivo regreso del depuesto presidente a Tegucigalpa el pasado lunes.
Uno de los embates más duros surgido del golpe de Estado provino del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien aseguró que la situación de inestabilidad en Honduras impide las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones creíbles.
Uno de los embates más duros contra el Ejecutivo surgido del golpe de Estado contra Zelaya el pasado 28 de junio provino del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien aseguró que la situación de inestabilidad en el país centroamericano impide las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones creíbles.
Por ello, anunció a través de su portavoz, Michele Montás, que ha decidido suspender "temporalmente" la asistencia técnica que proporciona al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras de cara a los comicios convocados para el 29 de noviembre.
Esta declaración refuerza la posición de los países miembros la Organización de Estados Americanos (OEA), que a principios de este mes aseguraron que no reconocerían el resultado de esas elecciones, convocadas antes del derrocamiento de Zelaya.
Ban manifestó, además, su preocupación por "las denuncias de violaciones de derechos humanos" tras la reaparición en Tegucigalpa de Zelaya, que está refugiado en la embajada de Brasil, y pidió al Gobierno de facto encabezado por Roberto Micheletti que garantice la inviolabilidad de esta legación, que está sitiada por la policía.
Pese al recrudecimiento de la presión, Micheletti recibió una respuesta positiva de la OEA y la Unión Europea a su invitación para que regresen sus embajadores una vez que Zelaya se encuentra de nuevo en el país y apoyen "sobre el terreno" una mesa de diálogo destinada a negociar una salida pacífica al conflicto.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y el ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, justificaron esta decisión, al considerar que el momento actual supone "una gran oportunidad para sentarse a negociar, si bien aclararon que mantienen su condena al golpe de Estado contra Zelaya.
"Ha llegado el momento de regresar y ayudar en la búsqueda de una solución pacífica", manifestó Moratinos.
Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que el depuesto mandatario hondureño, para quien volvió a pedir su "inmediato" regreso al poder, tiene "refugio garantizado" en su embajada y reclamó que la comunidad internacional esté alerta sobre la situación en ésta.
EE.UU. afirmó hoy que estaba evaluado la solicitud hecha ayer por Lula para convocar una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que este mes tiene presidencia estadounidense, para evaluar la crisis en Honduras.
"No tenemos detalles sobre cuándo exactamente se realizará la reunión, pero lo estamos viendo de forma positiva", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, quien aseguró que la meta de EE.UU. es hacer cumplir la Convención de Viena respecto a la "inviolabilidad de la embajada brasileña".
Kelly dijo también que su país ve con beneplácito una invitación hecha por el Gobierno de Micheletti para que un grupo de cancilleres de países miembros de la OEA viaje a Tegucigalpa a "ayudar a promover el diálogo".
Los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), en la que Zelaya integró a Honduras, volvieron a pedir la "restitución inmediata e incondicional" de éste en el poder y reclamaron "el cese del hostigamiento contra la embajada de Brasil".
Las naciones de la ALBA, reunidas en la sede de la ONU en Nueva York para analizar la crisis hondureña, emitieron un comunicado en el que responsabilizaron al "régimen golpista" de cualquier ataque contra la seguridad de Zelaya y le advirtieron de que, en caso contrario, "se expone a ser sometido a la legalidad internacional".
Durante las intervenciones de los gobernantes en la 64 Asamblea General de la ONU, que empezó hoy, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, reiteró un llamamiento para que la OEA impulse el Acuerdo de San José propuesto por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, en su labor de mediador en la crisis hondureña.
El plan de Arias contempla la restitución de Zelaya al frente de un Gobierno de unidad, amnistía política para los involucrados en el conflicto y una comisión de la verdad, entre otros aspectos.
Honduras "merece elecciones libres y democráticas, con el presidente constitucional (Manuel Zelaya) conduciendo dicho proceso", afirmó Bachelet.
En el mismo sentido se pronunció su colega de El Salvador, Mauricio Funes, quien pidió el retorno inmediato de Zelaya al poder, pues, de lo contrario, "el proceso electoral que se prepara carece de legitimidad y de la transparencia necesaria como para asegurar resultados confiables que puedan contribuir a resolver la crisis".
En el mismo foro, la mandataria argentina, Cristina Fernández, denunció el trato del régimen de Micheletti a su embajada y a la de Brasil, con cortes de agua y electricidad.
"Ni en Chile durante la dictadura del general (Augusto) Pinochet, ni en Argentina durante la del general Jorge Rafael Videla, tal vez las más cruentas de la América Latina, hubo un comportamiento similar con embajadas que activamente trabajaban en el asilo de los refugiados", criticó.
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