ONGs internacionales denuncian una nueva ola de represión y censura en Honduras

Bogotá.-  Varias organizaciones no gubernamentales y diversas personalidades internacionales denunciaron hoy una nueva ola de represión y de censura por parte del Gobierno de facto de Honduras, tras el sorpresivo regreso al país del presidente depuesto, Manuel Zelaya.

Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos advirtieron sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los manifestantes seguidores de Zelaya, mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras alertaron de nuevas restricciones de la libertad de prensa.

Desde la reaparición el lunes en Tegucigalpa del mandatario depuesto se han producido disturbios y choques entre manifestantes y la Policía y el Ejército, en los que ha muerto al menos una persona y más de un centenar han resultado detenidas, según las autoridades.

"La situación en Honduras solo puede describirse como alarmante", afirmó Susan Lee, directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, en un comunicado emitido desde su sede de Londres.

Según esta organización, tras el regreso del gobernante depuesto, que está refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, "numerosos manifestantes" fueron agredidos ayer por las fuerzas del orden y "algunos cientos" detenidos en la capital.

AI exigió al presidente de facto, Roberto Micheletti, "detener la política de represión y la violencia" y "respetar los derechos a la libertad de expresión y de asociación".

Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos anticipó la posibilidad de que se produzca un "baño de sangre" en el país centroamericano, por lo que solicitó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que "se pronuncie y actúe" cuanto antes.

La ONG pidió a ese órgano de la ONU que exija "el cese de la represión y de las violaciones de derechos humanos en Honduras", que dé un plazo al Gobierno de Micheletti para que restaure a Zelaya en el poder y que reclame al fiscal general de la Corte Penal Internacional que abra investigaciones por "persecución política" en ese país.

Las situaciones denunciadas llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a solicitar una visita "urgente" a Honduras para "verificar a la brevedad la vigencia de los derechos humanos".

El organismo indicó en una misiva dirigida al presidente del Congreso y de la Corte Suprema de ese país, puesto que no reconoce al Ejecutivo de Micheletti, que "ha recibido información sobre hechos de violencia y sobre la reinstauración del toque de queda en detrimento de la vigencia de los derechos humanos en Honduras".

Desde Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció las "limitaciones" a la libertad de prensa que han sufrido los medios de comunicación opuestos al golpe de Estado, como las interrupciones de la energía eléctrica al Canal 36 y de la señal de Radio Globo, ambos favorables a Zelaya.

La SIP criticó "el clima de restricciones e inestabilidad en el que se debe desenvolver la prensa" en Honduras en los últimos meses, que en algunos casos ha llevado a la "autocensura", por lo que solicitó respeto a la actividad e integridad de los periodistas.

También Reporteros Sin Fronteras denunció que el retorno de Zelaya ha provocado el endurecimiento del régimen de facto y una nueva "oleada de censura" en la prensa nacional e internacional.

El Gobierno de facto "amordaza" a la prensa nacional, especialmente a los dos medios de comunicación favorables al regreso de Zelaya, aseguró la organización en un comunicado.

La líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, pidió que "se respete y garantice la libertad de expresión y opinión, la vida y los derechos fundamentales de quienes se expresan y manifiestan en favor de los mismos y la democracia, y que se deje en libertad a las decenas de hondureños detenidos ilegalmente".

En la Unión Europea (UE), el eurodiputado español Willy Meyer, del grupo Izquierda Unitaria, se sumó a las denuncias en torno a la "represión" del Gobierno de facto y aseguró que "hay heridos de bala en los hospitales y se desconoce el número de detenidos", por lo que exigió también la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU.