Asunción.- El presidente paraguayo, Fernando Lugo, vetó hoy la ley que prorroga un año el mandato de los intendentes (alcaldes) del país, en una decisión que le expone a un pulso con el Congreso, de mayoría opositora.
Filizzola explicó que "una eventual prórroga también implicaría la aplicación con carácter retroactivo de una norma que estaría en contra de un mandato constitucional" y enfatizó que por esas razones Lugo resolvió "vetar totalmente la ley de referencia". EFE/Archivo
El ministro de Interior, Rafael Filizzola, anunció en rueda de prensa que en la decisión presidencial de vetar totalmente la ley aprobada por el Parlamento el pasado día 14 prevalecieron "argumentos de orden constitucional".
"En primer lugar, el respeto a la soberanía popular. El pueblo paraguayo ha elegido a intendentes municipales y concejales por un período de tiempo determinado (cuatro años) con base en leyes preestablecidas", afirmó.
Filizzola explicó que "una eventual prórroga también implicaría la aplicación con carácter retroactivo de una norma que estaría en contra de un mandato constitucional" y enfatizó que por esas razones Lugo resolvió "vetar totalmente la ley de referencia".
La ampliación del mandato de los 237 alcaldes del país fue apoyada por legisladores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), principal aliado de Lugo en el Congreso, y del Partido Colorado, primera fuerza de la oposición, que controlan el 95 por ciento de las alcaldías del país.
La decisión fue anunciada en medio de una gran expectación, ya que el tema también ha motivado posturas encontradas en el propio entorno palaciego, luego de que la diputada Desiderée Massi, esposa del ministro del Interior, anunciara acciones judiciales para impedir la aplicación de la cuestionada ley.
Ahora, en ambas cámaras del Congreso, de 45 senadores y 80 diputados, se requerirá de una mayoría absoluta para revertir el veto presidencial.
"Actuar de una manera contraria hubiera sido presentar un precedente que puede ser peligroso para el futuro", apuntó Filizzola en una indirecta referencia a un eventual juicio político contra el jefe de Estado, que podría gestarse en el Congreso por parte de sus detractores.
El ministro de Interior recordó que los alcaldes y concejales tienen un mandato de cuatro años, en vez de cinco, por medio de una ley especial aprobada por el Congreso en 2004 solo para el actual período "a los efectos de ordenar el calendario electoral para que las elecciones (municipales y presidenciales-legislativas) se produzcan cada dos años y medio".
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