Bogotá.- El vicepresidente colombiano, Francisco Santos, pidió hoy perdón a las familias de 61 víctimas de una de las peores matanzas a manos de paramilitares, ocurrida en 2000 en la localidad de El Salado, norte del país.
El perdón fue expresado por el alto cargo por cuanto el Estado no brindó a las víctimas la protección debida y porque la matanza todavía no tiene culpable ante la justicia. EFE/Archivo
"A nombre de este Estado hoy pido perdón porque nueve años y siete meses después de esta horrenda masacre no se ha esclarecido toda la verdad, ni todos los responsables de ella han sido llevados ante la justicia, como debe ser nuestra obligación", dijo Santos.
El vicepresidente colombiano así lo señaló al intervenir este martes en la presentación del informe de la Comisión de la Memoria Histórica, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) sobre la masacre de El Salado.
Unos 450 paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llegaron a esa localidad, que pertenece al municipio de El Carmen de Bolívar, el 16 de febrero de 2000 y permanecieron allí durante cinco días.
En esos cinco días los paramilitares de la ultraderecha armada asesinaron a las 60 personas que escogieron entre los pobladores, por su presunta colaboración con las guerrillas.
Esa podría ser la masacre más grande cometida por las ahora desmovilizadas AUC durante su existencia.
El perdón fue expresado por el alto cargo por cuanto el Estado no brindó a las víctimas la protección debida y porque la matanza todavía no tiene culpable ante la justicia.
"El proceso de reconciliación en Colombia demanda la verdad como uno de sus pilares; y este informe contribuye a ello, y enseña que la verdad no puede ser manipulada, no puede ser sesgada", dijo Santos.
Añadió que Colombia lo ha hecho de manera inmediata y ha establecido los mecanismos para que no sólo haya una verdad oficial.
"La Fiscalía, la participación de las víctimas y de la sociedad civil y la CNRR son los instrumentos para ello. Y se ha hecho así como un reconocimiento de los derechos de las víctimas", destacó Santos.
El vicepresidente colombiano destacó el "coraje" de las familias de esas víctimas "para soportar el desplazamiento y retornar en el 2002" y admitió que ello "obliga al Estado y a la sociedad colombiana a acompañarlos en la reconstrucción de su pueblo, su vida y sus sueños".
Aclaró también que ninguna justificación tienen los paramilitares al pretender mostrar la masacre como resultado de un combate con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Asimismo, increpó a los miembros de los escuadrones de la ultraderecha por no hacer claridad sobre los hechos a la luz de la Ley de Justicia y Paz, marco legal de su desmovilización.
En ese sentido, Santos invitó a la Corte Suprema de Justicia para que agilice la efectividad de las audiencias con los desmovilizados paramilitares.
"Los jueces hablan con los fallos, es por esto que le hago una amable invitación a la Corte Suprema de Justicia para que facilite las imputaciones y facilite el trabajo que viene desarrollando la Fiscalía General de la Nación", concluyó el vicepresidente colombiano.
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