Sevilla.- La Junta de Andalucía reorganizará la Formación Profesional (FP) para el Empleo con el fin de implantar un modelo más flexible, ajustado a las demandas de las empresas y coordinado con el sistema educativo, una adaptación a los "nuevos yacimientos" de empleo.
Los consejeros andaluces de Empleo, Antonio Fernández y de Educación Mar Moreno, se felicitan mutuamente, durante la rueda de prensa celebrada tras la aprobación en el Consejo de Gobierno del nuevo decreto que regula la Formación Profesional para el Empleo.
Así lo recoge el decreto elaborado por la Consejería de Empleo aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, que integra las actuales FP Ocupacional (para desempleados) y Continua (para trabajadores en activo), además de mejorar su coordinación con la FP Inicial o reglada (la del sistema educativo).
A iniciativa de la Consejería de Educación, también ha aprobado el decreto regulador de los denominados Centros Integrados de Formación Profesional, donde se podrán impartir las dos modalidades que comenzarán a funcionar este curso.
La titular de Educación, Mar Moreno, ha destacado en rueda de prensa que ambas normas "vienen a eliminar las fronteras entre la formación profesional reglada y para el empleo", lo que dará lugar a una FP "más versátil, flexible y más ligada al mercado de trabajo".
Moreno ha opinado que de esta forma la FP "deja de ser la cenicienta" del sistema educativo y que esta rama es una "autopista hacia el empleo y una plataforma a la Universidad".
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, ha destacado el "carácter pionero" del nuevo marco normativo de la FP en Andalucía, que atiende "a las necesidades del mercado de trabajo en cada territorio y se adaptará a los nuevos yacimientos de empleo".
Entre ellos, ha citado las energías renovables y las nuevas tecnologías, sectores que impulsarán, según el Gobierno, el cambio en el sistema productivo de Andalucía.
Con el nuevo modelo, Empleo detallará en varias convocatorias anuales qué especialidades pueden promoverse en cada territorio para el desarrollo de las acciones formativas, especialidades que serán fijadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Otra novedad es la regulación de los Certificados de Profesionalidad, titulaciones que acreditan con carácter oficial las competencias adquiridas en los cursos, se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y pueden ser homologadas con módulos de la FP reglada del sistema educativo.
Se mantienen las actuales becas en concepto de transporte, manutención y alojamiento para desempleados beneficiarios de los cursos e introduce nuevas ayudas para conciliar la vida laboral y familiar, destinadas a alumnos que tengan a su cargo menores de seis años o familiares con discapacidad de segundo grado.
Las cuantías se establecerán en una orden posterior.
El decreto incluye como acciones de Formación Profesional los cursos con compromiso de contratación; los programas públicos de empleo y formación en los que se combina la práctica profesional con el aprendizaje, y las acciones de investigación e innovación para mejorar la calidad y eficacia de los contenidos.
Los colectivos prioritarios de la FP para el Empleo serán las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, los trabajadores de pequeñas y medianas empresas y las personas con mayores dificultades de acceso al empleo (discapacitados, afectados y víctimas del terrorismo o de la violencia de género, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas en riesgo de exclusión).
El decreto de Educación regula los Centros Integrados de Formación Profesional, en los que se realizará una oferta unificada de las enseñanzas de FP Inicial y FP para el Empleo.
Este curso comenzarán a funcionar los primeros cuatro centros integrados en los institutos de Secundaria Hurtado de Mendoza, que alberga la Escuela de Hostelería y Turismo de Granada y Marítimo Zaporito de San Fernando (Cádiz); el Consorcio Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía de Encinas Reales (Córdoba), y el Centro Público de Formación para el Empleo de Linares (Jaén).
Más de 90.800 desempleados y 38.900 trabajadores en activo participan este año en los 9.200 cursos de Formación Profesional para el Empleo programados, con una inversión que supera los 300 millones de euros, cursos que mantienen un nivel de inserción laboral de sus alumnos del 52%.
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