La Fiscalía reconoce que el sistema de protección de testigos es "precario"

Madrid.-  La falta de colaboración de las extranjeras víctimas de explotación sexual, además del temor a sus dominadores, se debe al "precario sistema de protección de testigos" previsto en la Ley de Protección de Testigos, según la Memoria de la Fiscalía 2008.

La Memoria reconoce que la Ley "no satisface ninguna de sus más elementales necesidades", sobre todo cuando las amenazas de los delincuentes se extienden a sus seres más cercanos y reconoce que en muchas ocasiones sufrirían las consecuencias de un testimonio incriminatorio.

Además, el tratamiento jurídico que se otorga a las víctimas de la trata por el artículo 59 de la LOEX las considera preferentemente inmigrantes ilegales, está alejado de ofrecerles la protección que exige el derecho internacional y la Unión Europea, en su Directiva de 2004.

En la mayoría de los delitos de explotación sexual, remitidos por las diferentes fiscalías provinciales en 2008, constituyen supuestos de trata de seres humanos, mujeres extranjeras introducidas en España con engaño, coacción o violencia para el ejercicio de la prostitución.

El mayor numero de mujeres explotadas sexualmente en España son procedentes de Brasil, 53,8 por ciento; de Rumanía 24 por ciento, y de Paraguay, el 6,7 por ciento, mientras los acusados del delito son en su mayoría españoles, 45,61 por ciento, seguidos de brasileños, el 22,8 por ciento.

En 2008 llegaron 995 menores extranjeros a las costas españolas procedentes de países africanos, una reducción de 1.172 respecto a 2007, según datos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Las Fiscalías incoaron 3.854 expedientes dirigidos a determinar la edad de un total de 3.883 personas, que han determinado que 2.279 de ellos son menores, de 229 expedientes no hay información.

También se ha constatado que algunos menores sometidos a la prueba de edad en 2008 ya lo habían sido con anterioridad, pero con nombre y filiación distinta a la que habían adoptado al abandonar el centro de acogida.

En 2008 se ha imputado a 442 personas del delito de inmigración clandestina de 4.246 personas en el territorio nacional de manera clandestina, utilizando tres vías cayucos y pateras; ocultos en vehículos y con documentación falsa.

En cuanto a cayucos y pateras, se ha condenado a 114 personas que realizaban en trayecto en el Mediterráneo y el Atlántico; en cuanto a los primeros son en su mayoría marroquíes y argelinos, (75 y 16 por ciento), mientras los que hacían la otra ruta son mayoritariamente ciudadanos de Senegal (52,5 por ciento), Gambia (16,4) y Mauritania (9,2).

La mayoría de las víctimas del delito de explotación laboral a extranjeros, en 2008, han sido los ciudadanos comunitarios, un 25 por ciento rumanos y 11 por ciento polacos, en cuanto a los ciudadanos no de la UE, los más perjudicados han sido los bolivianos, 15,2 por ciento y los chinos 12,5 por ciento.

Los españoles encabezan con un 37,9 por ciento a los acusados de imponer condiciones ilegales en el trabajo, seguidos de rumanos, 13,7 por ciento y chinos, 10,3 por ciento.