Santiago de Compostela.- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado hoy que el Ejecutivo gallego continúa con su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ya que el Gobierno "no está de acuerdo" con sus reivindicaciones.
Sin embargo, si no se convoca, la posibilidad que ahora maneja la Xunta, según Núñez Feijóo y la Consellería de Presidencia, el Gobierno gallego recurrirá el decreto ante el TC. EFE/Archivo
La Xunta envió una carta al Gobierno hace dos semanas en la que solicitaba la solicitar la convocatoria de la comisión bilateral Xunta-Estado para que el Ejecutivo modificase el articulado del FROB que le resta a Galicia la "autorización preceptiva" para que haya fusiones y absorciones de entidades financieras.
Sin embargo, tras las primeras conversaciones entre el Gobierno y la Xunta, el Ejecutivo ha manifestado "que no está por la labor" de modificar el decreto, según han indicado a Efe fuentes de la Consellería de Presidencia.
En cualquier caso, estas mismas fuentes sostienen que el Gobierno central todavía no se ha pronunciado oficialmente, por lo que no descartan que la comisión se convoque finalmente.
El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, tendría que convocar la comisión bilateral antes del 27 de septiembre, que es cuando finaliza el plazo de tres meses para recurrir ante el Tribunal Constitucional el FROB.
Si se convoca la comisión bilateral, el plazo para recurrir al TC se amplía seis meses más, y mientras tanto habrá reuniones para solucionar la cuestión.
Sin embargo, si no se convoca, la posibilidad que ahora maneja la Xunta, según Núñez Feijóo y la Consellería de Presidencia, el Gobierno gallego recurrirá el decreto ante el TC.
Además, el titular de la Xunta indicó que el Ejecutivo autonómico recurrirá ante el TC la Ley de Gestión de Residuos Mineros, ya que Galicia tiene competencias compartidas con el Estado en esta materia.
Para Núñez Feijóo, es "sorprendente" que el Gobierno defienda "constantemente un Estatuto provisional y discutible", en alusión al de Cataluña, y no uno "constitucional" que lleva más de veinticinco años en vigor, en referencia al gallego.
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