Caracas.- La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) denunció hoy que en el país se somete a "procesos penales" a personas supuestamente por el solo hecho de ejercer derechos constitucionales como el de reunirse y expresar su pensamiento.
La oposición venezolana denuncia que el Gobierno de Chávez viola los derechos humanos y civiles de la población que lo adversa. EFE/Archivo
"Parece existir una escalada en la administración de coerción personal", declaró monseñor Roberto Lückert, vicepresidente de la Conferencia Episcopal.
Lückert leyó a la prensa un documento en el que los obispos expresaron su posición frente a la reciente detención de al menos trece personas que participaron en dos manifestaciones contra el Gobierno del presidente Hugo Chávez el pasado agosto, y que han sido imputadas de, entre otros delitos, "incitación a la guerra civil".
Una de las manifestaciones, el pasado 22 de agosto, fue disuelta por la policía con gases después de que un grupo de manifestantes lanzó piedras y botellas a los agentes, mientras que la otra, el 26 de agosto, de empleados de la Alcaldía Mayor de Caracas, no pudo llegar hasta la sede del Supremo, donde pretendía culminar.
Los obispos denunciaron que "personas que ejercen el derecho a la reunión y a la expresión del pensamiento, garantías reconocidas en la Constitución", son ahora "sometidas a procesos penales e imputados por delitos de suma gravedad como la rebelión civil, el agavillamiento, instigación a la guerra".
También calificaron de "sumamente preocupante" que las personas detenidas, que tienen el derecho legal de ser procesadas en libertad, permanezcan encarceladas y con órdenes de ser llevadas a prisiones de alta peligrosidad.
"Los jueces de control están decretando medidas de privación de libertad a ser cumplidas en establecimientos penitenciarios ordinarios (...) en los cuales no existe clasificación entre procesados y sentenciados, ni tampoco existen garantías de respeto a la integridad física y a la vida de las personas detenidas", dijo Lückert.
A juicio del Episcopado, al escoger como lugares de detención penales "notoriamente inseguros, pareciera practicarse un evidente afán por crear precedentes que atemoricen al resto de los venezolanos", añadió el documento leído por Lückert.
La oposición venezolana denuncia que el Gobierno de Chávez viola los derechos humanos y civiles de la población que lo adversa, y aplica una presunta política de "acorralamiento" de sus críticos con el presunto apoyo de instituciones públicas que estarían plegadas a su "revolución".
Chávez y las cabezas de instituciones muy cuestionadas por la oposición, como la Fiscalía General, han negado las denuncias opositoras y aseverado que solo hacen cumplir las leyes del país.
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