De Santos señala que el dinero del Ayuntamiento lo gastó en drogas y no en sexo

Palma.-  El ex concejal de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, ha declarado hoy que el gasto realizado con la tarjeta de crédito de la empresa pública de la que era presidente por valor de 50.804 euros lo destinó a comprar droga y no al pago de sexo, debido a su adicción.

Una declaración que ha chocado con la efectuada por el dueño del local de alterne Casa Alfredo al que De Santos acudía de forma habitual, Alfredo Gómez Ribada, quien ha negado que en su establecimiento se vendiera droga y ha afirmado que los gastos del ex concejal se debían a pasar "horas y horas" en el local al pago de diferentes chicos de compañía.

Ambas declaraciones han sido hechas hoy en la Audiencia Provincial de Palma donde esta mañana se ha iniciado el juicio con jurado abierto contra De Santos por malversación de caudales públicos con el uso ilícito de una tarjeta de crédito de la Empresa Municipal de Obras Públicas (EMOP) con la que, entre 2005 y 2007, De Santos realizó presuntamente pagos en clubes de alterne de Palma.

"En este juicio se ha querido dar una imagen falsa de mí. (...) Yo soy adicto a la droga y no al sexo", ha asegurado De Santos.

Ha alegado que el gasto se produjo en esos locales en los que se ofrecía sexo porque era su única forma de conseguir la "intimidad" que un cargo público como él necesitaba y para proveerse de la droga necesaria "para superar el mono".

El que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma ha insistido en que en el momento de los hechos él sufría una fuerte adicción a la cocaína y que sí abonó la droga con cargo a la tarjeta del consistorio. "En ocasiones estaba tan mal que le daba mi cartera entera y yo ni sabía que tarjeta usaban", ha aducido.

"Me gustaría decir que iba allí por sexo pero yo no necesitaría ir a un sitio como ése para tener relaciones sexuales", ha reiterado De Santos en respuesta a las preguntas de la defensa para añadir que "como concejal de Urbanismo hubiera tenido oportunidades legales de hacerlo".

En su declaración, Alfredo Gómez ha corroborado que De Santos era un cliente habitual de su local, donde el ex edil ha señalado que pagaba unos 70 euros por estar una hora con una persona y por un gramo de cocaína.

Sobre este punto las respuestas que Gómez ha dado al tribunal fueron distintas. El dueño del local ha explicado que el proceso normal cuando entraba un cliente era que se le hacía una pasarela de chicos o chicas, entre los cuales el cliente elegía. Se pagaba por hora un total de 70 euros, pero en ese precio no se incluía nunca droga, según Gómez.

Este testimonio ha sido apoyado también por las declaraciones realizadas por cinco policías llamados por la Fiscalía.

Uno de los agentes, que se ocupó de la investigación del gasto de la tarjeta, ha indicado que tras preguntar a los propietarios de los locales donde se hicieron los gastos a qué se debían éstos, le respondieron que "a fiestas de prostitución con chavales y a orgías sexuales".

Los encargados de una inspección en Casa Alfredo, que tuvo lugar el 2 de octubre de 2007 sobre las 10.30 horas, han reconocido, no obstante, que el motivo no era buscar drogas en el establecimiento sino inmigrantes ilegales o prostitución. De hecho, han afirmado que solo se encontraron dos botes de popper (droga para la estimulación sexual), si bien han señalado que no cachearon a nadie.

La Fiscalía ha centrado buena parte de sus interrogatorios en las facturas y relación de gastos que De Santos cargó a cuenta de la tarjeta municipal. Estos tickets y facturas han sido presentadas ante el ex concejal, el cual negó haber firmado algunas de ellas.

La que fue directora económica de la EMOP, Leonor Alomar, ha declarado al respecto que cuando a su ex jefe se le pedían justificantes de gastos él señalaba que o bien no los tenía a mano o que los había perdido y que pertenecían a restaurantes.

El juicio contra Javier Rodrigo de Santos por malversación de caudales públicos continuará mañana, con la declaración de los testigos llamados por la Defensa y, posteriormente, con las conclusiones del proceso.