Buenos Aires.- El juez argentino que investiga la llamada "mafia de los medicamentos" ilegales dijo hoy que por la "gravedad inusitada" de este caso, que "compromete la salud pública", solicitó al Gobierno que intervenga la obra social (sistema de salud) de los trabajadores bancarios.
El magistrado Norberto Oyarbide declaró a periodistas que a través de un escrito dirigido al jefe del Gabinete de ministros, Aníbal Fernández, pidió a las autoridades que consideren "si entienden oportuna la intervención de la Obra Social Bancaria". EFE/Archivo
El magistrado Norberto Oyarbide declaró a periodistas que a través de un escrito dirigido al jefe del Gabinete de ministros, Aníbal Fernández, pidió a las autoridades que consideren "si entienden oportuna la intervención de la Obra Social Bancaria".
El juez confirmó que un allanamiento que ordenó realizar este viernes en el principal centro médico de la obra social bancaria en Buenos Aires "arrojó muy buenos resultados" para la pesquisa sobre adulteración de medicamentos e irregularidades en el manejo de subsidios que lleva adelante.
En ese procedimiento, la policía descubrió remedios oncológicos vencidos y Oyarbide anticipó ayer que citará a declarar al líder del sindicato de trabajadores bancarios, Juan José Zanola, por su presunta vinculación con el caso.
Oyarbide remarcó que escuchó "testimonios de personas que recibieron tratamientos oncológicos en el Policlínico Bancario y han explicado, de modo coincidente, el desparpajo que existía en esa institución".
La investigación se reactivó la semana pasada con la detención de Néstor Lorenzo, propietario de la distribuidora farmacéutica San Javier y proveedor de medicamentos a numerosas obras sociales al que se acusa de adulterar productos oncológicos y contra el VIH.
El empresario fue liberado bajo fianza y sigue siendo investigado, mientras que durante esta semana fueron apresadas tres personas y se produjo el hallazgo de grandes cantidades de fármacos irregulares.
El caso salpica al Gobierno, ya que el juez Oyarbide había revelado que en la vivienda de Lorenzo se hallaron "una serie de facturas que tienen que ver con posibles aportes a la campaña presidencial" de 2007 de la presidenta del país, Cristina Fernández.
A Lorenzo se le acusa de haber defraudado al Estado por una suma que puede ascender a los 600 millones de pesos (unos 155 millones de dólares) y Zanola es un sindicalista afín al Gobierno de la peronista Fernández.
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