El Gobierno y la oposición, enfrentados por la ley de medios tras los primeros debates

Buenos Aires.-  Buenos Aires, 11 sep (EFECOM).- Las audiencias públicas para la discusión del proyecto de la nueva ley de medios audiovisuales que impulsa el Gobierno argentino concluyeron hoy con un fuerte rechazo de la oposición, mientras el oficialismo aspira a que el debate en el recinto del Parlamento comience la semana próxima.

Diputados, empresarios y representantes de organizaciones de medios de comunicación expusieron hoy su punto de vista sobre la polémica iniciativa en la última de las tres audiencias preliminares previstas antes de iniciar la discusión en Congreso, en caso de que las comisiones parlamentarias emitan un dictamen de aprobación del proyecto.

Una veintena de legisladores de los principales partidos de la oposición manifestaron su rechazo conjunto a la ley y anticiparon que, si es aprobada, la revisarán luego de la renovación parlamentaria del próximo 10 de diciembre, cuando los partidos enfrentados al Gobierno tendrán un mayor peso al actual.

"No se la puede desarticular de los dos objetivos que persigue el Gobierno: acallar a los medios y hacer negocios con los privados", señaló la diputada Silvana Giudici, de la opositora Unión Cívica Radical (UCR), segunda fuerza parlamentaria del país, en una rueda de prensa conjunta.

En este sentido, la legisladora consideró que el proyecto es un "traje a medida para Telecom", en alusión al artículo de la norma que habilita el ingreso de las empresas telefónicas en el mercado audiovisual.

A tono, el titular del bloque de Diputados de la opositora Propuesta Republicana (PRO), Federico Pinedo, advirtió sobre "la ruta del negocio económico que persigue el Gobierno detrás del tratamiento de esta ley".

El jefe del bloque de la centrista Coalición Cívica, Adrián Pérez, también rechazó la norma, al considerar que "es una herramienta de disciplinamiento y de control por parte del Ejecutivo".

A su vez, el titular del bloque radical, Oscar Aguad, manifestó el compromiso de la oposición a "revisar la ley" después del 10 de diciembre, cuando se renovará parte del Parlamento como resultado de las elecciones legislativas del pasado 28 de junio, en las que el Gobierno resultó derrotado en los principales distritos del país.

Los diputados del radicalismo también reclamaron que los gobernadores "intervengan (en el debate) en resguardo de las libertades" y renovaron su convocatoria para realizar una nueva audiencia pública en la provincia de Mendoza, por fuera de los debates realizados esta semana por iniciativa del oficialismo.

Durante la rueda de prensa, los legisladores cuestionaron, además, el operativo que realizó este jueves la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) con decenas de inspectores a diferentes compañías del grupo Clarín, el mayor conglomerado de medios de comunicación del país.

"Contraviene todas las garantías constitucionales y se enmarca en un plan oficial para amordazar la libertad de prensa", dijo Guidici.

La inspección "no fue de la AFIP", sino de "alguien que se tomó el trabajo de hacerlo", denunció hoy el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien afirmó que "acá hay una operación que alguien ha financiado" con la intención de "poner al Gobierno como si estuviera presionando".

La última audiencia pública de las tres previstas en el Parlamento se realizó un día después de la reunión que convocó el vicepresidente Julio Cobos con líderes opositores para definir una posición común sobre el proyecto, en un nuevo desafío al Gobierno, con el que está enfrentado desde hace más de un año.

Tras el encuentro, los referentes de la oposición rechazaron en forma unánime la norma.

Solo algunas fuerzas de centroizquierda piden que se debata el proyecto antes de diciembre, aunque exigen varios cambios al texto presentado por el Gobierno de Cristina Fernández.

Por su parte, el oficialismo apuesta por hacer valer su mayoría en el Parlamento para iniciar el debate la semana próxima en el recinto con miras de sacar adelante la ley antes del recambio de las cámaras.

La iniciativa, que promueve grandes cambios en el panorama del mercado de medios actual, es interpretada por algunos sectores de la oposición como una confrontación del Gobierno con el grupo Clarín.