Madrid.- El juez Baltasar Garzón ha comunicado hoy su procesamiento por integración en ETA a 13 miembros de Askatasuna y Demokrazia 3 Milioi (D3M), que tienen suspendidas sus actividades y cuyas candidaturas anuló primero el Tribunal Supremo y luego el Constitucional para las pasadas elecciones vascas del 1 de marzo.
Algunos de los 13 miembros de Askatasuna y Demokrazia 3 Milioi (D3M), cuyo procesamiento por los delitos de integración o colaboración con ETA acordó el pasado lunes Baltasar Garzón, a su llegada hoy a la Audiencia Nacional donde prestaron declaración ante el juez.
Así lo ha adoptado el magistrado de la Audiencia Nacional después de tomarles declaración indagatoria esta mañana a los trece integrantes de estas formaciones que se encuentran en libertad provisional, siete de ellos bajo fianza de 6.000 euros, y para los que el fiscal Vicente González Mota no ha pedido ninguna nueva medida cautelar.
Entre los procesados están el presidente de Askatasuna, José Antonio Munduate, su secretario Xabier Isasa, la portavoz de D3M y cabeza de lista en Álava, Amparo Las Heras (en libertad bajo fianza) y el representante legal de esta última formación ante la Junta Electoral de Álava, Fernando Antia.
Garzón ha procesado también a Arantza Urkaregui, Imanol Nieto, la que fuera candidata de Askatasuna en las elecciones vascas de 2001 Agurtzane Solabarrieta, Elizabeth Zubiaga, Iker Rodrigo y Hodei Egaña, que también quedaron en libertad bajo fianza junto a Las Heras por decisión de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional el pasado marzo tras haber sido detenidos dos meses antes.
Los otros tres procesados son Unai Berrosteguieta, Zuriñe Zorrozua y Aitor Liguerzana.
El juez les imputa un delito de integración en organización terrorista o colaboración por "dar cumplimiento a la estrategia de ETA" a todos, excepto a Antia, Munduate, Isasa y Liguerzana, a los que les acusa de un delito de colaboración con banda armada.
Garzón sostiene que desde que en 2002 se suspendieron las actividades de HB-EH-Batasuna, ETA decidió que la confrontación con las actuaciones del Estado y sus instituciones y, específicamente, frente a las suspensiones judiciales e ilegalizaciones por parte del Tribunal Supremo, se llevaría a cabo por medio de la creación de "marcas políticas sucesivas".
Unas de estas, detalla el auto, estarían "en activo" -como PCTV o ANV- y otras "sin actividad o en hibernación para ser utilizadas en el momento preciso", como ha sido el caso del partido político Askatasuna.
El pasado 17 de febrero, cinco días después de que el Constitucional confirmara la decisión de la sala del 61 del Tribunal Supremo de anular la proclamación de las candidaturas de Askatasuna y de D3M, Garzón decretó la suspensión de actividades de estas formaciones durante tres años, prorrogables a cinco, además de clausurar sus sedes y locales y sus páginas webs.
Para Garzón, tanto Askatasuna como D3M "han discurrido desde su inicio por la senda de la legalidad formal, pero bajo la dirección y control de una organización terrorista como es Batasuna-ETA".
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