Guatemala.- Una ley con la que se busca el desmantelamiento de las estructuras del crimen organizado que opera en Guatemala y ofrece beneficios a los que se entreguen a la justicia y ayuden a la captura de los cabecillas de esos grupos entró en vigor hoy en el país centroamericano.
El fiscal general de Guatemala, Amílcar Velásquez, dijo a periodistas que los incentivos legales que ofrece esta norma permitirán llegar a los cabecillas de las organizaciones criminales. EFE/Archivo
La denominada normativa "colaborador eficaz" fue aprobada el pasado 30 de julio por el Congreso a petición de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).
La CICIG es la responsable, desde hace dos años, de investigar a los grupos clandestinos que operan en el país y que se han infiltrado en las estructuras del Estado.
La nueva ley establece que quienes colaboren con el desmantelamiento de alguna organización criminal a la que pertenezcan podrán solicitar una rebaja, una suspensión condicional de la condena o hasta su libertad vigilada.
A este beneficio, sin embargo, no tienen derecho los jefes, cabecillas o dirigentes de organizaciones que hayan sido acusados de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura u otros delitos de lesa humanidad.
La normativa dispone que el colaborador deberá entregar a la justicia todos los bienes obtenidos en sus actividades delictivas a cambio de recibir beneficios.
El fiscal general de Guatemala, Amílcar Velásquez, dijo hoy a periodistas que los incentivos legales que ofrece esta norma permitirán llegar a los cabecillas de las organizaciones criminales.
"Esta es una herramienta que ayudará a dar con los autores materiales e intelectuales de las organizaciones", enfatizó.
La CICIG tiene previsto entregar hoy al Congreso un informe sobre sus dos primeros años de trabajo en Guatemala.
Esta comisión de la ONU, que tiene como objetivo ayudar a desmantelar a las mafias del crimen organizado que se han incrustado en las instituciones del Estado guatemalteco, inició sus operaciones en este país en septiembre de 2007 por un plazo inicial de dos años, pero su mandato ha sido prorrogados por otro bienio.
En la actualidad, la CICIG investiga cerca de 20 casos que son considerados de "alto impacto" y en los que están presuntamente involucrados grupos del narcotráfico, crimen organizado y pandillas juveniles.
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