Inmigrantes africanos atrapados en Costa Rica buscan una vida nueva

San José.-  Un total de 41 inmigrantes africanos, algunos de ellos profesionales, que se jugaron la vida al cruzar el Atlántico en su ánimo de encontrar una vida mejor, hoy se encuentran detenidos en Costa Rica a la espera de que se les reconozca como refugiados para poder empezar de nuevo.

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(EFE)

Las autoridades costarricenses creen que estos 41 africanos fueron traídos por las redes de tráfico de personas. EFE/Archivo

Se trata de un fenómeno que se repite cada vez con más frecuencia en países como Colombia, Panamá, Nicaragua o Costa Rica, que las autoridades de estos países atribuyen a las mafias del tráfico de personas, que prometen a los emigrantes indocumentados llevarlos a Estados Unidos o Canadá y los abandonan en sus costas.

Las autoridades costarricenses creen que estos 41 africanos fueron traídos por las redes de tráfico de personas a las que algunos llegaron a pagar hasta 7.000 dólares, mientras que organismos defensores de los Derechos Humanos recuerdan que provienen de zonas castigadas por guerras y conflictos.

El etíope D.G. llegó el 25 de junio a Costa Rica en un bote procedente de Venezuela, según relató a Efe. Él y tres africanos más llegaron a la provincia caribeña costarricense de Limón, y al cabo de unos días las autoridades encontraron a 28 africanos más perdidos en diferentes puntos del país.

"El viaje duró unos ochos días navegando sin parar, sin comida, con olas muy fuertes. Nos chocamos, el mecanismo de la lancha falló y estuvimos días a la deriva", indicó el etíope, al asegurar que pensaba que iban "a perder la vida".

Los 41 africanos conviven y comparten unas pequeñas celdas con otros inmigrantes ilegales en el Centro de Aprehensión Temporal para Extranjeros de San José.

Nueve de ellos fueron deportados desde Nicaragua, ya que el procedimiento que utilizan las autoridades de la región es mandarlos al último país de procedencia, por lo que no son raras las repatriaciones de africanos de Panamá a Colombia o de éste país a Venezuela, por ejemplo.

Ahora, los 23 eritreos, 9 etíopes, 8 somalís y una guineana esperan conseguir un estatus de refugiado que les permitiría vivir legalmente en Costa Rica.

El director del Centro de Aprehensión, Julio Aragón, dijo a Efe que los inmigrantes llegaron todos indocumentados, "lo que hace pensar que fueron víctimas de una red de trata, porque en estos casos los delincuentes destruyen los documentos de la víctima para tenerla controlada".

El funcionario incluso especuló sobre la posibilidad de que tenga su base en la costa hondureña.

"Esto explicaría que no hayan podido llegar a sus destinos por la actual situación política de Honduras y vean en Centroamérica una oportunidad para quedarse a vivir", afirmó Aragón.

El director del centro señaló que en la mayoría de los casos los inmigrantes huyeron de sus países porque están en guerra y "los persiguen por su religión, pensamiento o les obligan a alistarse al ejército".

El etíope relató que el 30 de abril marchó en autobús de su tierra natal hacia Kenia porque apoyaba a un partido político opositor al gobernante.

De Kenia se desplazó a Sudán, de ahí a España para volar hacia Caracas, donde fue al Caribe de este país para coger un bote rumbo a Costa Rica.

"A pesar de que hay fronteras culturales y lingüísticas, espero encontrar un trabajo de lo mío en Costa Rica, soy graduado en Dirección de Empresas", aseguró el joven, quien añadió que no le importa "empezar de cero".

La directora del área de proyectos de la Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI), Claire Lecaudey, indicó a Efe que es importante que estas personas reciban el estatus de refugiado "porque todos vienen de países en conflicto y deportarlos sería peor para ellos".

La directiva de la entidad dependiente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) detalló que se encuentran retenidos porque entraron ilegalmente al país, pero que serán liberados "cuando tengan su situación normalizada".

Para ello, podrían tardar un máximo de tres meses, tiempo en el que la Dirección General de Migración debe pronunciarse y anunciar si les concede el estatus de refugiado.