Los Ángeles (EE.UU.).- El gobierno de California, obligado por la justicia a reducir la población carcelaria en 40.000 reclusos antes del 18 de septiembre, pidió en los tribunales más tiempo para poder acometer esta medida.
Según informa hoy el diario Los Ángeles Times, el gobernador, Arnold Schwarzenegger, acudió a los tribunales federales para pedir una ampliación de 45 días al plazo concedido para desarrollar un plan que regule el desalojo. EFE/Archivo
Según informa hoy el diario Los Ángeles Times, el gobernador, Arnold Schwarzenegger, acudió a los tribunales federales para pedir una ampliación de 45 días al plazo concedido para desarrollar un plan que regule el desalojo.
El 4 de agosto tres jueces federales sentenciaron a las autoridades de California a preparar una estrategia para reubicar a los excedentes de población penitenciaria para aliviar la situación de los reclusos que están en las 33 cárceles estatales donde, debido a la superpoblación, se ofrece una atención sanitaria deficiente.
La solicitud presentada el martes por el equipo de Schwarzenegger señaló que el gobierno californiano apelaría el jueves a la Corte Suprema de EE.UU. en caso de que los jueces denegaran el aplazamiento de esta orden y se alegó que posiblemente ese tribunal fallaría a favor de California.
Asimismo, se aseguró que si se ejecutase esta demanda judicial en el tiempo fijado actualmente se produciría un impacto en la seguridad ciudadana al no haberse aprobado aún cómo se supervisarán a los convictos que salgan de prisión antes de tiempo.
Las cárceles de California se diseñaron para acoger a 84.000 personas y actualmente alojan a casi 160.000, un excedente de reclusos que ha encontrado acomodo en literas de tres camas en gimnasios, pasillos y otras estancias donde algunos presos han llegado a morir por falta de tratamiento médico.
"En estas condiciones, la violencia entre los presos es imposible de prevenir, las enfermedades infecciosas se contagian más fácilmente y el confinamiento es algunas veces la única forma de mantener el control", aseguraron los jueces en su declaración.
El caso llegó hasta la justicia federal después de que varios presos denunciaran ante los tribunales ordinarios en 2006 la precaria atención sanitaria que recibían en los centros penitenciarios debido a la masificación.
Aquella queja obligó a las autoridades a invertir para cumplir con las normativas legales, aunque los jueces federales entendieron que las medidas adoptadas fueron insuficientes y actualmente se incumplen los derechos constitucionales de los reclusos.
En su informe, los magistrados consideraron que la única alternativa viable para que se respete la ley en las prisiones californianas es la reducción del número de personas que cumplen sus condenas en estos centros, para lo que estimaron que habría que rebajar al menos la cifra de presos en 43.000 en dos años.
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