Otras ocho leyes catalanas esperan sentencia del TC además del Estatut

Barcelona.-  A pesar de que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut acapara desde hace tiempo la atención política en Cataluña, otras ocho leyes catalanas están pendientes del fallo del Alto Tribunal, en un caso desde hace casi diez años, como sucede con la ley de selecciones deportivas.

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(EFE)

A pesar de que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut acapara desde hace tiempo la atención política en Cataluña, otras ocho leyes catalanas están pendientes del fallo del Alto Tribunal, en un caso desde hace casi diez años, como sucede con la ley de selecciones deportivas. EFE/Archivo

Tanto el Gobierno del PP como el actual del PSOE han interpuesto en los últimos años diversos recursos de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por el Parlamento catalán, hasta tal punto que el Alto Tribunal tiene actualmente 16 conflictos por solventar, según datos facilitados a Efe por el Parlamento catalán.

Siete de ellos corresponden al Estatuto catalán, ya que el PP, el Defensor del Pueblo y otras cinco comunidades autónomas (Murcia, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana e Islas Baleares) pidieron en 2006 al TC que analizara la constitucionalidad de buena parte del texto o bien de algunos artículos del Estatut.

Además del Estatut, que es una ley orgánica, y por tanto de rango superior, el Tribunal Constitucional 'arrastra', como mínimo desde hace tres años, otros nueve recursos contra ocho leyes catalanas -hay más recursos que leyes porque tanto el PP como el Gobierno recurrieron la ley catalana de comunicación audiovisual-.

La más veterana de estas leyes pendientes de la decisión del Alto Tribunal es la de apoyo a las selecciones catalanas, a la que el Parlament dio luz verde en 1999.

Su artículo segundo, que abría la puerta a que las selecciones catalanas participaran en "acontecimientos de cualquier ámbito de carácter oficial o amistoso", está en suspenso desde entonces, ya que en noviembre de ese año el entonces portavoz del Ejecutivo del PP, Josep Piqué, anunció un recurso ante el Constitucional.

De la etapa de gobierno del PP también son otros cinco recursos: el presentado en 2000 contra la ley de creación del colegio de censores jurados de cuentas de Cataluña, el iniciado en 2001 contra la ley del Impuesto sobre Grandes Superficies Comerciales o bien el abierto en 2002 contra la ley catalana de archivos y documentos.

También corresponden al período de José María Aznar los conflictos ante el TC contra la ley catalana de protección contra la contaminación acústica (interpuesto en 2002) y contra la normativa de mutualidades de previsión social, iniciado en 2003.

Con la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo retiró algunos recursos contra leyes catalanas, entre ellos uno contra la Carta Municipal de Barcelona, pero mantuvo los mencionados anteriormente, a los que sumó otros dos.

En concreto, tanto el Gobierno como el PP presentaron en 2006 sendos recursos ante el 'árbitro' del Estado autonómico para impedir que se aplicaran numerosos artículos de la ley catalana del audiovisual.

El TC levantó la suspensión sobre más de 50 artículos de la Ley Audiovisual de Cataluña, pero dejó en vía muerta uno referido a la transmisión de licencias.

Ese mismo año el Gobierno socialista también envió al TC la ley catalana de profesiones tituladas y colegios profesionales, lo que completa la lista de nueve recursos.

El fallo sobre el Estatut, como norma institucional básica de Cataluña, determinará cómo pueden resolverse muchos de estos recursos, pero todos estos conflictos tendrán que esperar todavía a la sentencia 'estrella', la del Estatut, para poder concluir su periplo por el Alto Tribunal.

Asimismo, los magistrados de este tribunal también tienen pendientes un total de 13 recursos que inició en este caso el Parlamento catalán contra leyes del Estado -todas ellas aprobadas en la etapa de Gobierno del PP- por entender que invaden competencias autonómicas.