Polémica en Argentina por fallo que despenaliza tenencia drogas para consumo

Buenos Aires.-  El fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina que declaró hoy la inconstitucionalidad del castigo penal a la tenencia de drogas para consumo personal, en concreto de marihuana, desató hoy una intensa polémica entre distintos sectores sociales del país.

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(EFE)

No obstante, la Corte Suprema condenó a los vendedores que facilitaron la marihuana a los jóvenes y exhortó "a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes". EFE/Archivo

La resolución, que era esperada desde hacía meses y que exculpó a cinco jóvenes que habían sido condenados por llevar cigarrillos de marihuana, declara "inconstitucional" el castigo del consumo de marihuana en adultos, siempre que se realice en privado y no implique riesgos para terceros.

No obstante, la Corte Suprema condenó a los vendedores que facilitaron la marihuana a los jóvenes y exhortó "a todos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes".

Para el jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, la resolución, que implica la despenalización de la tenencia de drogas blandas, específicamente de marihuana, "pondrá fin" a la "política represiva" de la década de los setenta.

"La política represiva, que se inventó en Estados Unidos, que compramos aquí y que se encargaba de castigar al usuario como si fuese un narco, llega a su fin por razones obvias: no ha reducido una sola hectárea de cultivos en ningún lugar del mundo, ni tampoco una sola de las redes de narcotráfico", indicó.

El jefe de los ministros señaló que el Gobierno va a insistir con su "lucha despiadada" contra los traficantes para que el Estado "los castigue con toda la dureza que le sea posible".

Sin embargo, para la Iglesia católica el fallo ofrece un "mensaje contradictorio y perjudicial".

"La Iglesia promueve todo lo que dignifique la vida: no podemos auspiciar lo que favorece el consumo", aseguró a medios locales el diácono Horacio Castellano, de la Comisión Nacional para la Pastoral de Adicciones.

Castellano puntualizó que en el fallo "no se habla de una despenalización, sino que lo que dice la Corte Suprema hace que los jueces no puedan tomar una medida con un adulto en situación privada, que son dos cosas diferentes".

"De todas maneras -opinó-, promueve el consumo porque dice que no es malo, y para nosotros es malo de por sí, ya que al no penalizarlo no permite tomar una medida curativa y lo deja librado al azar".

El responsable de la Comisión Nacional para la Pastoral de Adicciones, el obispo Jorge Lozano, ya había adelantado su rechazo al fallo por considerar que "hay que dificultar el acceso y el consumo de drogas, y no facilitarlo".

Por su parte, el constitucionalista y diputado electo Ricardo Gil Lavedra señaló que el alcance del fallo es "muy limitado" y "no tiene nada que ver con tener una ley criminal que castigue al narcotráfico, que es lo que daña a la sociedad. A quien hay que perseguir es a quien comercializa las drogas".

En contra de la resolución judicial también se pronunció la Asociación Madres del Coraje, que agrupa a las llamadas "Madres del Paco", por considerar que "todo consumo daña a terceros".

"Dicen que con esto se bajaría el riesgo de consumo. Todo lo contrario, sabemos que no es así. Sabemos que la marihuana es el primer paso para probar otras drogas", sostuvo María Rosa González, coordinadora de este colectivo de mujeres cuyos hijos fueron o son adictos al "paco", una droga elaborada con residuos de cocaína.

Por el contrario, Alicia Romero, también integrante de la organización, saludó la decisión por entender que evita "problemas penales" a los jóvenes.

"No defendemos que se cometan delitos, defendemos el derecho a la salud, el derecho de una madre para pedir por su hijo. Los chicos no tienen que pasar por delito para recibir tratamiento", remarcó.

Miembros del equipo de sacerdotes de "Villas de Emergencia", enfocados en el trabajo en asentamientos precarios de Buenos Aires, expresaron su preocupación por la interpretación de la decisión por parte de los jóvenes.

"Vemos la buena intención de los que buscan no criminalizar al adicto. Es una locura criminalizar la enfermedad", apuntaron, pero, "sin un buen sistema de salud, sin políticas fuertes de prevención, sin un sistema educativo eficiente, el único encuentro del adicto y su familia con el Estado es la Justicia", opinaron.

"Despenalizar en estas condiciones, es dejar abandonado al adicto, no hacerse cargo de su derecho a la salud", advirtieron.