El Gobierno de Morales demanda a los miembros de la Corte Suprema por prevaricación

La Paz.-  El Gobierno de Evo Morales presentó hoy ante el Congreso una demanda de juicio contra miembros de la Corte Suprema, entre ellos su presidenta, Beatriz Sandoval, por un presunto fallo ilegal sobre el caso de terrorismo que se investiga en el país.

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(EFE)

La presidenta de la Corte Suprema, Beatriz Sandoval, comentó que los magistrados actuaron "de acuerdo a ley" y sienten "tranquilidad" porque, en su criterio, no existe ningún elemento para ser juzgados. EFE/Archivo

Los ministros de Defensa, Wálker San Miguel; de Gobierno, Alfredo Rada; de Justicia, Celima Torrico, y de Defensa Legal, Héctor Arce, así como la viceministra de Justicia, Cecilia Rocabado, anunciaron la demanda en una conferencia de prensa en Palacio.

Los magistrados de la Suprema han sido acusados de prevaricación, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Carta Magna por respaldar decisiones que avalaron el cambio de jurisdicción de La Paz a Santa Cruz en la investigación de una banda de terrorismo.

Esa banda, desarticulada en abril en una operación policial, tenía como objetivo formar milicias armadas para resistir en Santa Cruz un posible ataque del Gobierno central y con la posibilidad después de plantear la escisión de territorio cruceño, el departamento más grande del país.

La Fiscalía de La Paz estableció que el líder de la banda era el boliviano croata húngaro Eduardo Rozsa, quien fue abatido en Santa Cruz por la policía junto a otros dos presuntos miembros del grupo.

El Gobierno ha defendido que la investigación debe hacerse en La Paz porque hubo riesgo en la seguridad del Estado, en tanto que los dirigentes de Santa Cruz sostienen que la Fiscalía paceña quiere perjudicarlos políticamente en el caso.

La viceministra Rocabado explicó que el juicio ha sido planteado en contra de la presidenta en funciones de la Corte Suprema, Beatriz Sandoval, y los magistrados Rosario Canedo y José Luis Baptista, además de otros cuatro conjueces convocados en ese caso.

Según el Gobierno, la Corte Suprema no valoró de forma adecuada si correspondía respaldar el cambio de jurisdicción que fue solicitado por un empresario y líder opositor de Santa Cruz.

El empresario que hizo esa gestión fue Branko Marinkovic, un líder cívico y autonomista opositor a Morales que no está imputado en el caso, aunque sectores del Gobierno han insinuado que podría tener vínculos con la financiación de esa banda.

El ministro de Defensa, el abogado San Miguel, dijo que en la Corte Suprema hubo un "cúmulo de errores procesales" que, en su criterio, fueron cometidos para "mantener en la impunidad" a quienes apoyaron a la banda terrorista que actuaba en el país.

San Miguel dijo que es "sintomático que Branko Marinkovic, sin ser arte ni parte en ese proceso, haya sido" quien pidió a un juez de Santa Cruz el cambio de la jurisdicción.

Por contra, la presidenta interina de la Corte Suprema comentó a radio Fides que los magistrados actuaron "de acuerdo a ley" y sienten "tranquilidad" porque, en su criterio, no existe ningún elemento que pueda ser usado en su contra para ser juzgados.

"Yo creo que todos estos anuncios de juicios son solamente amedrentamiento para que a la Corte que le toque intervenir no se sienta libre en su conciencia y de acuerdo a ley para actuar en este caso", dijo Sandoval.

La denuncia fue presentada ante la Cámara de Diputados, controlada por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que en mayo pasado aprobó la suspensión del entonces presidente interino del tribunal, Eddy Fernández, acusado de retardar un juicio contra un ex mandatario.