Periodistas chilenos llevarán a la CIDH caso del crimen de José Carrasco

Santiago de Chile.-  Los periodistas chilenos protestaron hoy por un fallo de la Corte Suprema que rebajó la pena a los agentes que en 1986 asesinaron al periodista José Carrasco Tapia y a otros profesionales y llevarán el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijeron sus dirigentes.

ampliar foto

(EFE)

La manifestación de protesta se desarrolló de forma pacífica frente a las puertas de los Tribunales de Justicia. EFE/Archivo

La manifestación de protesta se desarrolló de forma pacífica frente a las puertas de los Tribunales de Justicia y participaron de la misma alrededor de medio centenar de periodistas, que repudiaron el fallo definitivo del caso, emitido el pasado día 13 por la II Sala Penal del máximo tribunal chileno.

Patricia Collyer, dirigente nacional del colegio de periodistas y colega de José Carrasco Tapia en la revista "Análisis", de la que este último era el editor de Internacional, expresó la intención de recurrir el fallo ante la CIDH.

"Nuestra idea es que esto no quede impune, que haya una apelación", dijo la profesional durante el acto, en el que homenajeó a los opositores asesinados durante la dictadura (1973-1990) y familiares de las víctimas expresaron su rechazo al fallo.

"Nadie puede callar ante tanta injusticia, nadie nos silenciará. Por respeto a José Carrasco, nuestro colega asesinado a sangre fría en 1986, los periodistas de Chile repudiamos y rechazamos el fallo que rebaja las condenas a sus asesinos", se podía leer en uno de los carteles usados durante la protesta.

Agentes de la policía secreta asesinaron en la madrugada del 8 de septiembre de 1986 al periodista José Carrasco Tapia, al profesor Gastón Vidaurrázaga, al publicista Abraham Muskatblit y al electricista Felipe Rivera, como represalia tras el atentado que el dictador Augusto Pinochet había sufrido el día 7, en el que fallecieron cinco de sus escoltas.

La Corte Suprema rebajó las penas a catorce agentes procesados por los asesinatos, entre los que figura el ex mayor del Ejército Álvaro Corvalán Castilla, jefe de operaciones de la Central Nacional de Informaciones (CNI) a quien se le recortó la condena de dieciocho a doce años de prisión.

Al ex oficial de Carabineros Iván Quiroz Ruiz y al ex capitán del Ejército Jorge Vargas Bories, sentenciados antes a trece años de prisión, se les rebajó la pena a siete.

A otros once antiguos agentes, sentenciados anteriormente a penas de entre cinco y ocho años de prisión, la Corte Suprema les fijó una pena de cinco años y les concedió el beneficio de la libertad vigilada.