La CIDH verifica las violaciones de derechos humanos en el centro y oriente de Honduras

Tegucigalpa.-  La CIDH verificó hoy en el centro de Honduras y la zona fronteriza con Nicaragua, en el oriente del país, las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos tras el derrocamiento de Manuel Zelaya, cuyos partidarios celebraron el supuesto "preludio" de su regreso al país.

En su cuarto día en Honduras, miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaron la localidad de El Paraíso y otros sectores del departamento del mismo nombre, fronterizo con Nicaragua, que estuvieron bajo toque de queda en julio pasado.

Otro grupo de representantes de la Comisión viajó a la ex capital hondureña Comayagua, unos 100 kilómetros al norte de Tegucigalpa, indicó a Efe una fuente de ese organismo.

Las visitas del organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) incluyeron la Penitenciaría Nacional, la principal cárcel del país, situada a unos 25 kilómetros de la capital hondureña, agregó la fuente.

El Paraíso y otros sectores limítrofes con Nicaragua estuvieron bajo toque de queda durante varios días a finales de julio a raíz de que Zelaya intentara ingresar a suelo hondureño desde ese país por el puesto fronterizo de Las Manos.

Los militares y policías hondureños impidieron, con retenes en varios tramos carreteros, que la familia y los seguidores de del presidente depuesto llegaran hasta Las Manos para intentar reunirse con él.

La familia de Zelaya, que según las autoridades no tiene ningún impedimento para salir del país, está entre las personas y sectores que se han reunido con la CIDH.

La misión del organismo, que ha recibido numerosas denuncias tanto de partidarios como de opositores a Zelaya, se encuentra en Honduras desde el pasado lunes, estuvo ayer en la zona norte y terminará su visita mañana, cuando prevé reunirse con la Corte Suprema de Justicia.

Las violaciones denunciadas fueron cometidas desde que los militares expulsaron a Zelaya del país y el Parlamento lo destituyó y designó a Roberto Micheletti en su lugar, el 28 de junio pasado.

En este contexto, el colectivo Feministas de Honduras en Resistencia denunció que se han registrado múltiples violaciones de derechos humanos contra mujeres.

Gilda Rivera, coordinadora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres de Honduras, que es parte del colectivo, dijo a Efe que desde que inició la crisis se han registrado 19 casos puntuales en varias regiones del país, de los que se responsabiliza a policías.

Agregó que hay muchos otros casos, pero que las mujeres no los denuncian por temor a represalias.

Las violaciones de los derechos de las mujeres no sólo se dan por parte de las autoridades, sino también en el hogar, muchas veces por estar contra el golpe de Estado, según representantes de la Misión de Observación Internacional Feminista que visitan Honduras procedentes de varios países.

En tanto, los partidarios de Zelaya, aglutinados en un movimiento de resistencia popular, reiteraron durante una nueva marcha pacífica en Tegucigalpa que el regreso del depuesto mandatario está próximo.

"Estamos viviendo el preludio de la llegada del presidente Zelaya", la cual "creemos que no debe pasar de la próxima semana", aseguró a los periodistas el dirigente campesino Rafael Alegría, uno de los coordinadores del frente de resistencia.

Según Alegría, funcionarios de la embajada de Estados Unidos les dijeron ayer a los dirigentes del movimiento que se estaban celebrando unas negociaciones en Washington en las que "están preparando el acuerdo de regreso del presidente Zelaya".

Si Micheletti no acepta ese acuerdo, "vamos a endurecer mucho más las medidas", advirtió Alegría, quien adelantó que las movilizaciones de la próxima semana estarán relacionadas también con la posible visita de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Mañana, por otra parte, vence el plazo de 72 horas que el Gobierno de Micheletti dio a los diplomáticos de la embajada de Argentina para que abandonen Honduras, en aplicación de una medida similar ordenada por Buenos Aires contra los miembros de la legación hondureña en una acción de respaldo a Zelaya.