El abogado de la acusación popular advierte que la investigación "está bloqueada"

VALENCIA.-  El abogado que lleva la acusación popular y responsable de la asesoría jurídica de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), Javier Gallego, aseguró, cuando se cumple casi un año del fatídico accidente del vuelo JF3022 de Spanair que costó la vida a 154 pasajeros que volaban con destino a Gran Canaria, que en este momento la investigación judicial está "bloqueada o paralizada".

Reuters (EUROPA PRESS)

El abogado que lleva la acusación popular y responsable de la asesoría jurídica de la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), Javier Gallego, aseguró, cuando se cumple casi un año del fatídico accidente del vuelo JF3022 de Spanair que costó la vida a 154 pasajeros que volaban con destino a Gran Canaria, que en este momento la investigación judicial está "bloqueada o paralizada".

Gallego, en declaraciones a Europa Press Televisión, explicó que ésa es la situación real del proceso judicial un año después de haber sucedido el accidente. Además, precisó que no es por causa del juez ni del fiscal, que en su opinión lo están haciendo "bastante bien", sino que lo que ocurre es que están luchando "solos contra los elementos".

A raíz de lo que sucedió en el accidente el pasado 20 de agosto de 2008, la OID decidió personarse en las actuaciones por dos motivos principalmente: por un lado porque la finalidad de la organización es la integración de las personas con algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, y tras el accidente algunos de los supervivientes quedaron con algunas secuelas, con alguna discapacidad; y por otra porque la OID está bastante asentada en las Islas Canarias y hubo afiliados y miembros de la organización que eran familiares de los fallecidos y de los heridos.

"Es por este motivo que nos pidieron que actuáramos como acusación popular en este procedimiento", señaló apuntando que también lo han hecho en otras ocasiones con otros temas relacionados con la discapacidad.

ANÁLISIS DESPUÉS DE UN AÑO

Según Gallego, lo que ocurre con el proceso judicial "es que el juez y el fiscal en el fondo no se fían, pero no porque piensen que lo van a hacer mal, sino porque faltan los elementos de objetividad". Asimismo, señaló que una de las trabas del proceso es que el mundo de la aviación es un mundo "muy cerrado".

"Es un mundo donde quizás hay muy pocas operadoras, y a la hora de elaborar un informe de un accidente es complicado dado que todas las partes que interviene en este procedimiento, tanto administración, constructora como compañía están relacionadas directa o indirectamente con el siniestro y de ahí la dificultad a la hora de elaborar un informe objetivo, un informe razonable y un informe que goce de todas las garantías que nuestro procedimiento legal establece", recalcó.

En este sentido, indicó que es como si se tratara de "un banco que tiene cuatro patas"; por un lado está la administración, que es la encargada de que se cumplan las normas de aviación para que tanto las compañías como los aviones gocen de todas las garantías y de toda la legalidad. Además, está la compañía constructora del aparato accidentado; y por último, la compañía en la que se produce el accidente que en este caso se trata de Spanair, y entre esas tres patas está la cuarta que es la Comisión de Investigación.

Tal y como subrayó, en esta Comisión de Investigación hay tanto miembros de la administración, como de la compañía y de la constructora que directa o indirectamente están relacionadas con el accidente y que tienen que proceder a la elaboración del informe definitivo. Según Gallego, en este enclave es donde reside el principal problema de objetividad, porque "están todas las partes implicadas y ninguna de ellas quiere asumir las responsabilidades".

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCEDIMIENTO

Ahora mismo, relató el abogado de la acusación popular, la Comisión de Investigación de accidentes aéreos que depende del Ministerio de Fomento "va a incumplir una recomendación básica de la normativa internacional" en la que se aconseja que dentro del año en que se produce el accidente exista un informe definitivo. Gallego señaló que "estamos casi a 20 de agosto y este informe definitivo todavía no existe".

Por otro lado, está la Agencia Europea de Seguridad Aérea que le ha comunicado al juez que ella "no está en condiciones de realizar un informe pericial sobre las razones del accidente, entre otras cosas porque no es de su competencia" reseñó Gallego.

Además, la Comisión judicial que se organizó dentro del procedimiento judicial en el juzgado "fue rechazada por motivos de objetividad e imparcialidad", por lo que se creó una segunda Comisión que ha empezado a trabajar pero que recientemente se ha producido un incidente en el cual la Comisión de investigación del Ministerio de Fomento pidió a su señoría que se desmontara la pieza que al parecer falló, pero evidentemente el juez se ha negado a ello.

Por lo que en estos momentos el procedimiento se encuentra en un "compás de espera" y "buscando a alguien o a alguna Comisión independiente que elabore el informe definitivo", aseguró Javier Gallego.

Para la acusación popular el principal problema al que se enfrentan es "saber las causas del accidente". En un principio hay dos personas de mantenimiento imputadas por 154 homicidios imprudentes y por delitos de lesiones para los supervivientes y, por lo tanto, "la principal cuestión es saber por qué se produjo el accidente y, sobre todo, indemnizar a esas personas si al final se derivara alguna responsabilidad civil o penal" dado que si al final se derivara "estamos hablando de muchos cientos de millones de euros", aseveró Gallego.

"Se trata de una investigación muy difícil, en la que el juez está encontrando muchos inconvenientes pero hay que entender a los familiares de las víctimas, que quieren saber la verdad, y quedarse con la satisfacción moral y ética de saber qué ocurrió en aquel fatídico accidente del 20 de agosto en Barajas", explicó.

Por último, Gallego indicó que "hay un gran y evidente descontento" porque ha pasado un año, "no hay unas conclusiones definitivas y el Ministerio de Fomento a través de la Comisión de Investigación no va a cumplir el plazo de un año en el que debería haber un informe definitivo"". "Las compañías, la constructora y la administración, evidentemente, quieren exonerarse de todo tipo de culpa, y que no se les achaque ningún tipo de responsabilidad", concluyó.

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