Italia, en vísperas de aplicar una ley de inmigración y vigilancia ciudadada aún cuestionada

Roma.-  Italia vive en medio de un gran debate las últimas horas antes de que entre mañana en vigor la polémica ley del Gobierno de Silvio Berlusconi que considera la inmigración ilegal como delito y que autoriza las rondas callejeras de ciudadanos voluntarios.

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(EFE)

El ministro de Interior italiano, Roberto Maroni. EFE/Archivo

Más de un mes después de la aprobación en el Parlamento de la norma, el pasado 2 de julio, y a menos de veinticuatro horas de que ésta sea efectiva, el debate entre la clase política sigue aún abierto, sobre todo, a escala municipal y en lo que respecta a las patrullas de ciudadanos voluntarios autorizados.

De hecho, y cuando la actividad política se encuentra paralizada por las vacaciones de verano, la entrada en vigor de la ley de seguridad, promovida por el ministro del Interior, Roberto Maroni, se ha convertido en el tema que acapara la mayor atención de los medios de comunicación del país.

En los últimos días, la prensa ha preguntado a los alcaldes sobre su mayor o menor disposición a coordinar las rondas de voluntarios que darán apoyo en la vigilancia callejera a la Policía y a los militares que ya patrullan las grandes ciudades, cuyo cupo amplió recientemente el Gobierno a los 4.250 soldados, cifra que según dijo hoy Berlusconi no descarta ampliar "fuertemente".

Tal despliegue de medios da muestras de la preocupación que la seguridad ciudadana supone para el Gobierno de Berlusconi, sobre todo para sus socios de Ejecutivo de la conservadora Liga Norte (LN), partido de corte federalista y con tintes racistas y en el que milita precisamente el impulsor de esta nueva ley, Maroni.

Son precisamente los alcaldes del norte del país, más industrializado y rico y que vota preferente Liga Norte, los que se muestran más dispuestos a acoger las rondas ciudadanas. En el centro y el sur, por el contrario, son más reticentes, según los datos que publican estos días los medios de comunicación.

Y es que hay quien, a pesar de que el Ejecutivo excluyera ningún tipo de referencia ideológica, no olvida la "Guardia Nacional Italiana", la iniciativa de patrullas voluntarias promovida por la formación de ultraderecha Movimiento Social Italiano-Derecha Nacional (MSI-DN), heredera del prohibido Partido Fascista, que fue presentada el pasado 13 de junio.

El propio Maroni defiende en una entrevista publicada este viernes en el diario milanés "Corriere della Sera" las rondas que su propio decreto ley promulga y anuncia que se plantea, incluso, rebajar la edad mínima para participar en ellas de los 25 a los 18 años.

"Hay muchos equívocos. Hemos percibido un fenómeno difuso y por esto lo hemos decidido regularizar, dando a los alcaldes la posibilidad, si lo quieren, de organizar estas actividades", comenta Maroni.

A falta aún de detalles concretos oficiales, los medios de comunicación filtran hoy algunos datos sobre la reglamentación que estudia el Ejecutivo: las rondas no podrán estar formadas por más de tres personas, no podrán ir armados ni llevar perros con correa.

Asimismo, el voluntario que desee patrullar las calles del país no podrá tener antecedentes penales, deberá declarar no consumir ni alcohol ni drogas, ni pertenecer a ningún partido político, y tendrá que aportar un certificado psicológico de la seguridad social.

Más allá de las rondas ciudadanas, la otra gran cuestión de la nueva ley de seguridad es el delito de inmigración ilegal, que no conllevará penas de cárcel, pero sí multas y una más rápida expulsión, y con la que se obliga a los funcionaros públicos a denunciar a los indocumentados -los médicos y los directores de centros educativos quedan exentos de esa obligación-.

El ministro del Interior pide que se abstengan de denunciar a las asistentas de hogar y cuidadores de ancianos que no hayan regularizado su situación en el país, para darles tiempo a que puedan conseguir el permiso de residencia y no sufran las consecuencias de la ley las familias italianas.

Maroni cree que la "dura" política sobre inmigración de su Ejecutivo, puesta en entredicho por instituciones internacionales como ACNUR, ha obtenido grandes resultados hasta el momento: sobre la isla de Lampedusa, dice en el "Corriere della Sera", "puedo jactarme de haber detenido los flujos de inmigración ilegal desde Libia".