Con dolor e impotencia exigen justicia a cinco años del incendio en supermercado en Paraguay

Asunción.-  Cientos de personas exigieron hoy, en un acto marcado por el dolor y la impotencia, una sentencia para los procesados por el incendio de un supermercado en Asunción, que hace cinco años causó al menos 364 muertes en la mayor tragedia civil de Paraguay.

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(EFE)

Sobrevivientes y familiares de los fallecidos se congregaron ante el derruido edificio del supermercado Ycuá Bolaños para la conmemoración de la catástrofe del 1 de agosto de 2004, que causó además 258 heridos.

Sobrevivientes y familiares de los fallecidos se congregaron ante el derruido edificio del supermercado Ycuá Bolaños, que se utiliza como lugar de oración de los vecinos de un populoso barrio de Asunción, para la conmemoración de la catástrofe del 1 de agosto de 2004, que causó además 258 heridos.

El acto contó con la presencia del jefe de Estado, Fernando Lugo, quien no dio declaraciones y que el miércoles pasado remitió una carta a la Corte Suprema de Justicia para pedir celeridad en sus deliberaciones y que el proceso en torno al siniestro "no acabe siendo una razón de frustración y de desencanto" para el país.

Además, el mandatario firmó ese día un decreto por el que se declara el 1 de agosto de cada año, "Día de la Solidaridad y Memoria", en honor a los sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos en el Ycuá Bolaños.

El momento más emotivo de la conmemoración se registró a las 11.20 hora local (15.20 GMT) cuando las sirenas de ambulancias y carros de bomberos resonaron en toda la zona, marcando la "hora fatal" en la que estalló el siniestro.

"No alcanzamos a cerrar el círculo de luto cuando sabemos que los responsables de la muerte de nuestros seres queridos están paseándose libremente. Exigimos justicia.", dijo a Efe Roberto Almirón, quien perdió a su hijo de 19 años y a su esposa en la tragedia.

"Seguimos en vigilia cuando vemos que las instancias judiciales paraguayas no fueron capaces de sentenciar a los responsables de estas muertes y el brete judicial corrupto nos presenta ahora solo dos opciones, la migaja de ratificar una condena de prisión o la extinción del proceso", aseveró Almirón.

Los sobrevivientes y familiares de los fallecidos exigen a la Sala Penal del Supremo que se expida sobre trece recursos de casación que habían sido presentados por las partes tras la anulación en 2008 de una sentencia de 12 años de cárcel contra el dueño del supermercado incendiado, Juan Pío Paiva.

También fue anulada la condena contra el hijo del dueño del centro comercial, Víctor Paiva, sentenciado a 10 años de prisión y quien según fuentes de la Dirección General de Migraciones abandonó el país el 19 de junio pasado en un autobús a través de la localidad de Puerto Falcón, colindante con la ciudad argentina de Formosa.

Al respecto, Paiva, sobre quien no pesan restricciones de salida del país, relató a radios asuncenas que viajó a Argentina para recibir un tratamiento médico y que en breve retornará a Paraguay.

Además, quedó sin efecto la condena a 5 años de reclusión de uno de los guardias del centro comercial, Daniel Areco, y del accionista Humberto Casaccia, a dos años y seis meses de cárcel.

Todos fueron sometidos a dos juicios anteriores que finalmente quedaron sin efecto, el primero por hechos violentos protagonizados por los sobrevivientes y familiares de los fallecidos durante la lectura de la sentencia, en 2005, y el segundo el año pasado por la anulación por errores de procedimiento durante el proceso.

Los cargos que afrontaron son los de homicidio, lesión grave y exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos.

Además, el arquitecto que diseñó y construyó el Ycuá Bolaños, Bernardo Ismachowiez, fue condenado en primera instancia a dos años y medio de prisión por el delito de "actividad peligrosa en la construcción".

La Sala Penal del Supremo, integrada por los magistrados Sindulfo Blanco, Alicia Pucheta y Rolando Ojeda, informó en la víspera que la causa recién podría extinguirse en 2010 y que se tomará el tiempo necesario para adoptar la resoluciones pertinentes.

Al respecto, el fiscal de la causa, Edgar Sánchez, indicó que están confiados en que esa instancia judicial desestimará la anulación de las condenas y que ratificará las sentencias contra los procesados.

Durante el incendio muchas personas quedaron atrapadas debido a que, según testigos y varios supervivientes, las puertas de salida fueron cerradas por los guardias por orden del propietario del establecimiento para evitar robos.