Bogotá.- El hallazgo de armas de procedencia venezolana en poder de las FARC sigue distanciando a los Gobiernos de Colombia y Venezuela, que hoy discreparon en torno a si el primero informó al segundo de los hechos antes de "salir a acusar".
Un día después del que el presidente venezolano, Hugo Chávez, anunciase la congelación de las relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia, su vicepresidente, Ramón Carrizales, dijo que "lo correcto y lo sano" hubiera sido que el Gobierno colombiano "informara" para que se activasen los mecanismos correspondientes.
Casi al mismo tiempo, un comunicado oficial colombiano señalaba que el canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, le entregó el pasado 2 de junio a su colega venezolano, Nicolás Maduro, un documento en el cual "se evidencia" que las FARC poseían tres lanzacohetes pertenecientes a un lote vendido por Suecia a Venezuela en 1988.
El Gobierno sueco confirmó ayer por los números de serie que los lanzacohetes incautados en octubre de 2008 a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueron vendidos a Venezuela, y le pidió explicaciones a la administración de ese país acerca de cómo fueron a parar a ese grupo considerado "terrorista" por la Unión Europea.
La divulgación ahora de una incautación que data de octubre de 2008 ha servido de detonante a una crisis que se incubaba desde que este mes se conoció la negociación en curso para que EE.UU. use bases militares en Colombia, tras la no renovación del contrato que tenía para operar la de Manta (Ecuador).
Carrizales negó hoy que el Gobierno venezolano suministre armamento a grupos irregulares colombianos, aunque aseveró que actuará "sin contemplaciones" si descubre que "alguien" dentro o fuera de la Fuerza Armada Nacional lo ha hecho.
"Si descubrimos que alguien está traficando de alguna manera o tiene relación de alguna manera" con irregulares colombianos, "pues nosotros actuaremos. No tenemos compromisos ni contemplación con alguien que infrinja la ley", declaró el vicepresidente venezolano.
También tachó al Gobierno de Colombia de "cínico" y "caradura" por acusar al venezolano por un armamento que a causa del conflicto interno colombiano se ha "extraviado" en la frontera.
En Costa Rica, donde el mandatario colombiano, Álvaro Uribe, participa en la Cumbre de Tuxla, su secretario de prensa, César Mauricio Velázquez, leyó una declaración de diez puntos que, según dijo, por ahora va a ser el único comentario oficial respecto al roce con Venezuela.
Según la declaración, Bermúdez entregó también a Maduro "información documental en la cual dos cabecillas de ese grupo terrorista de las FARC mencionan la colaboración por parte de tres altos funcionarios del Gobierno venezolano en la entrega de lanzacohetes de características similares a los que posteriormente fueron incautados por la fuerza pública colombiana".
El Gobierno colombiano aseguró que transmitió a Venezuela esta información "de manera discreta con el propósito de obtener una aclaración" por parte de la administración de Chávez, pero hasta ahora "no ha dado respuesta alguna".
La declaración oficial también advierte que el Gobierno colombiano ha recibido información de que las FARC están tratando de obtener "misiles tierra-aire a través de traficantes internacionales de armas de otros países".
Chávez advirtió ayer, cuando ordenó el "retiro" del embajador venezolano en Colombia, Gustavo Márquez, y congeló las relaciones comerciales, que romperá definitivamente los lazos con Colombia si hay una "próxima declaración verbal" del Gobierno de Uribe que signifique una "nueva agresión".
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien también participa en la Cumbre de Tuxtla, pidió al presidente Chávez que no aplique medidas contra Colombia y recurra al diálogo para resolver las diferencias.
Según Carrizales, "por ahora" el Gobierno venezolano no ha dictado instrucción para cerrar la frontera" común, de 2.219 kilómetros, ni el "tránsito de mercancías", pero se "está estudiando todo: el comercio y las empresas" colombianas instaladas en Venezuela.
Omar Barboza, presidente del opositor partido venezolano Un Nuevo Tiempo, dijo hoy que Chávez, "en vez de dar una explicación creíble o abrir una investigación seria", optó por decisiones que "agravan la sospecha" de que colabora con la guerrilla colombiana.
"Los pueblos de Venezuela y Colombia son quienes sufren las consecuencias del manejo irresponsable de la política internacional de nuestro Gobierno, que en este caso afecta las relaciones económicas y de todo tipo entre dos pueblos hermanos", señaló.
"Es un trapo rojo" que ha lanzado el gobernante "para que no nos ocupemos de los problemas del país", opinó el diputado Juan José Molina, del opositor Partido Podemos (PP).
En Colombia, el ex mandatario Ernesto Samper consideró hoy que se debe llamar a consultas a la embajadora en Venezuela, María Luisa Chiappe, mientras se superan las dificultades entre los dos países.
Para Samper, la actual crisis que hay entre Colombia con sus vecinos Ecuador y Venezuela se debe a que la política de defensa "absorbió la política internacional".
"Lo que ha incendiado las relaciones con Venezuela nuevamente es el tema inconsulto, internamente también, del establecimiento de unas bases militares que Venezuela (...) considera como una amenaza para su propia estabilidad", dijo.
Los exportadores colombianos estimaron hoy que sus ventas a Venezuela caerán este año más de un 10%, debido a las recurrentes tensiones entre ambos países y especialmente a la decisión del Gobierno de Chávez de congelar el comercio bilateral.
Según cifras oficiales, el comercio bilateral superó el año pasado los 7.000 millones de dólares, con una balanza ampliamente favorable a Colombia.
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